1

Revisar a detalle las normas y los procesos de adquisiciones federales y, en su caso, incorporar nuevas técnicas tanto para la presentación de ofertas como para la administración de riesgos, que contribuyan a reducir los precios a los que se adquieren los bienes, servicios y obras públicas.

2

Verificar que las normas en materia de adquisiciones cuentan con mecanismos claros y eficaces de rendición de cuentas, como son la obligatoriedad de realizar auditorías y la existencia de procedimientos para sancionar posibles irregularidades detectadas durante los procesos.

3

Establecer la figura de auditores especialistas en materia de adquisiciones, que sean externos a las áreas, verifiquen los procesos y contribuyan a controlar la ocurrencia de anomalías como la colusión; las compras a sobre precios; los comportamientos y patrones sospechosos en la presentación de ofertas; y los problemas derivados de juntas de aclaraciones, entre otras.

4

Introducir mecanismos que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas de los procesos de adquisiciones. Por ejemplo, publicar las normativas actualizadas y vigentes; las convocatorias de licitación al día; los listados de empresas beneficiadas con las adquisiciones al día, incluyendo montos asignados (tanto de bienes y servicios como de obra pública) y tipo de adquisición (adjudicación directa, licitación pública, licitación restringida); y las auditorías y sanciones derivadas de los procedimientos de compras.

5

Crear una oficina de estudios de mercado externa al gobierno que genere información técnica en materia de adquisiciones. Esta oficina deberá investigar si las adquisiciones se otorgan por representar el menor costo para el Estado y la mayor calidad y eficiencia en el bien o servicio requerido. En el caso de las adjudicaciones directas, la oficina tendría que producir estudios de mercado que permitan justificar las mismas. Finalmente, la oficina estaría a cargo de definir los requisitos de cada una de las convocatorias (también mediante estudios de mercado).

6

Garantizar que las convocatorias para todos y cada uno de los procesos de licitación en el país se publican en tiempo real.

7

Revisar con particular atención los procesos de adjudicación directa, para garantizar que se realizan de forma excepcional y con la mayor transparencia posible. Estos deberían de representar menos del 20% de las compras totales anuales.

8

Desarrollar mecanismos de medición que permitan comparar públicamente la eficiencia y eficacia de las adquisiciones realizadas por las instituciones gubernamentales.