I- Punto de partida
La corrupción es el principal problema del país; su persistencia ha afectado a la sociedad, socavado la credibilidad en el Estado y sus instituciones, minado el Estado de derecho y propiciado inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer a plenitud derechos fundamentales.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue el punto de partida para iniciar el combate de ese problema que afecta al Estado mexicano en su conjunto. Conviene recordar que el nacimiento del SNA tuvo tres razones: (1) Evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y políticos en el combate a la corrupción, lo que hasta ahora ha generado traslapes e ineficiencia, a la vez que ha impedido la articulación de una política coherente de rendición de cuentas en el país; (2) Fortalecer los pesos y contrapesos en el combate a la corrupción involucrando tanto un sistema de alertas —los entes a cargo del control interno— como la fiscalización y el régimen disciplinario; (3) Responder a la necesidad de contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso, sancionar prácticas corruptas desde las causas que las generan y no sólo desde sus consecuencias.
El SNA se concibió como una instancia de coordinación que permitiría articular los esfuerzos de las instituciones dedicadas a garantizar el buen uso del dinero público, el desempeño adecuado de los gobiernos y el ejercicio correcto de las funciones que tienen asignadas los servidores públicos. En el diseño del sistema nacional también se incluyó una instancia ciudadana —el Comité de Participación Ciudadana (CPC)—, cuyo presidente es, al mismo tiempo, quien encabeza al SNA. La incorporación de una instancia ciudadana a la estructura del sistema tuvo el cometido de aumentar la vigilancia social, así como establecer vínculos directos con la ciudadanía. De ahí que, en términos de sus obligaciones legales, el CPC tenga como imperativo convocar a la sociedad para vigilar y exigir, pero también para proveer públicamente información sobre las acciones de combate a la corrupción, generar productos de información accesibles a los ciudadanos, dar seguimiento a denuncias y exigir resultados a las instituciones que integran el SNA. En suma, la misión inmediata del CPC es vigilar —acompañados de la ciudadanía— que las instancias integrantes del sistema nacional cumplan con el mandato constitucional y legal que les ha sido asignado. Asimismo, el sistema nacional se debe entender como la piedra de toque para garantizar el derecho a la buena administración, mediante acciones específicas, que deben emanar de la política nacional anticorrupción y que ha de generar el Comité Coordinador de ese sistema.
Toda política pública constituye un
conjunto de decisiones y acciones dirigidas a resolver un problema público. En
ese sentido, tanto la Red por la Rendición de Cuentas[1],
como el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE[2] (Comunidad
PIRC), han propuesto que el combate a la corrupción debe centrar su acción en
atender las causas que generan el fenómeno y superar el paradigma punitivo
según el cual se combate la corrupción atacando únicamente las consecuencias.
El análisis empírico demuestra que cualquier estrategia de combate a la
corrupción basada en el castigo o en una visión individual, que asume a la
corrupción como una anomalía de personas que faltan a la ley en un sistema que
funciona bien, no sólo no resuelve el problema sino que lo eterniza y debilita
al Estado y sus instituciones. En la Comunidad PIRC no compartimos la visión
punitiva como eje de la estrategia para erradicar la corrupción. Esto no
significa que se recomiende la inacción de los sistemas de sanción
administrativa y penal para el combate a la corrupción; por el contrario, lo
que observamos es que las instancias responsables del control, la
fiscalización, la información y la sanción deben producir inteligencia
institucional a partir de sus funciones propias, a fin de advertir y corregir
los procesos y las normas que permiten la apropiación de los recursos y de las
decisiones públicas, para desmantelar el fenómeno sistémico de la corrupción
desde su origen.
[1] Este proyecto, hospedado en el CIDE, es una plataforma de diálogo y propuesta en el que participan 80 instituciones académicas y públicas.
[2] Esta comunidad agrupa a 221 investigadores de las 32 entidades federativas del país, adscritos a 62 universidades e instituciones de educación superior e investigación.
