En las últimas décadas del siglo XX nacieron los organismos con autonomía constitucional (OCA). John Ackerman, en un estudio de 2016, identifica 248 instituciones de este tipo reconocidos en las constituciones de 81 países. Se trata de organismos que escapan y complementan la división de poderes tradicional en diferentes ámbitos: justicia constitucional, electoral, derechos humanos, fiscalización, anticorrupción, etcétera.
De manera paralela, aparecieron las agencias independientes, responsables principalmente de la regulación económica (competencia, telecomunicaciones, energía o mercados financieros). Aunque existe mucha controversia alrededor de estos órganos, en general se acepta que ejercen funciones estatales pero alejadas de los centros de decisión política y que su diseño intenta evitar la captura de los reguladores.
Entre 1994 y 2016, en México se crearon nueve OCA. Todos realizaban funciones estatales que previamente se realizaban dentro del Poder Ejecutivo. Otras leyes otorgaron diversos grados de autonomía a organismos que, aunque estaban dentro de la administración, tenían mandatos específicos diversos. Es por esta razón que el Presidente ha dicho que constituyen un gobierno paralelo.
Como parte de sus reformas constitucionales, López Obrador propone, simple y llanamente, desaparecer a la Cofece, el Ifetel, el INAI, el Coneval y la Mejoredu y los dos reguladores en materia energética, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En una deshilvanada exposición de motivos, su extinción se justifica por razones de austeridad, duplicidad de funciones y captura por intereses privados.
Ninguna de estas “razones” resiste el más mínimo análisis. Se olvida, por ejemplo, que las multas impuestas por Cofece suman cinco veces lo que cuesta, o la muy significativa reducción de las tarifas de servicios telefónicos lograda gracias al Ifetel. Además, con una pobre técnica legislativa, el decreto ignora la complejidad de las tareas que desempeñan los OCA y simplemente establece que sus funciones regresan a las secretarías de Estado. Ni una línea sobre las implicaciones presupuestales, funcionales y jurídicas. Nada se dice sobre los resultados o desempeño de estos órganos. A todo lo anterior se suman las posibles violaciones al T-MEC.
No nos engañemos. Tras la retórica de la austeridad se oculta un propósito claro: regresar al Ejecutivo facultades que podrá ejercer discrecionalmente y sin contrapesos. El Presidente quiere regresar a un sistema de negociación y cooptación que desconoce años de evolución administrativa necesaria por la complejidad de los fenómenos y su regulación. Existen, sin duda, críticas importantes al diseño, mandato y operación de los OCA. También hay alternativas. Pero el decreto se limita a borrar y a sembrar la incertidumbre.
Fuente: Milenio
