Por: Diego Ernesto Díaz Iturbe
Desde principios del siglo XXI, México cuenta con legislación de acceso a la información pública a nivel federal; sin embargo, en un principio ambas cámaras del Congreso fueron denominadas como “otros sujetos obligados”. Esto implicó que las cámaras gozaran de plena autonomía para fijar sus propios lineamientos sobre: información que desearan publicar, esquemas de fiscalización, respuestas a recursos de inconformidad y de revisión. El Congreso convirtió este esquema de autorregulación en un ejercicio de simulación, con legisladores como juez y parte de los procedimientos de acceso a la información pública. Como consecuencia, la opacidad prevaleció en temas como: prerrogativas de los grupos parlamentarios, viáticos o número de asesores de los legisladores.
La situación en las entidades federativas no fue muy distinta: más de la mitad de los Congresos tuvieron una visión de la transparencia legalista sin oportunidad para la innovación, coocreación, información en datos abiertos, y por lo tanto alejados del esquema de Parlamentos Abiertos. Al hablar de Parlamentos Abiertos nos referimos al compromiso que adquieren los congresos para promover y asegurar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información en materia legislativa, y ello implica el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana y de medios de difusión de la información de las actividades legislativas en formatos abiertos y entendibles para toda la ciudadanía.
Varias organizaciones de la sociedad civil han impulsado múltiples proyectos de seguimiento y monitoreo legislativo, entre ellos, sobresale el grupo de 13 organizaciones que impulsa la Alianza por el Parlamento Abierto en México. El objetivo primordial de la Alianza es impulsar reformas en los 34 cuerpos legislativos del país para valorar sus debilidades y fortalezas y así conseguir convertirse en Parlamentos Abiertos. Hemos tomado elementos que sustentan la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y la Declaración Sobre Transparencia Parlamentaria junto con evaluaciones cualitativas y cuantitativas como el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa para generar un primer Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México.
Desde el 7 de febrero de 2014 la reforma constitucional incluyó como sujetos obligados directos a los poderes legislativos, junto con sindicatos, partidos políticos, y todo ente que reciba recursos públicos. Esto, junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, implica un salto cuántico en el ejercicio del derecho de acceso a la información ya que el ciudadano podrá allegarse de información para evaluar a las instituciones del Estado, y con ello generar el potencial para una mejor toma de decisiones. Es decir, se abre la oportunidad de terminar con la cultura del secreto e incluso contribuye a recuperar la credibilidad en las autoridades que actualmente sufren una grave crisis de confianza institucional.
Actualmente, no existe legislación específica sobre gobierno y parlamento abiertos, aún cuando este año México será la sede mundial de la AGA. Ello no ha detonado el interés y compromiso suficientes para que los órganos legislativos generen normas al respecto, con posible excepción del Senado de la República, que además de incluir el concepto de Parlamento Abierto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ha tomado medidas para transparentar la elaboración de las leyes, sesiones abiertas, publicación de datos en formatos abiertos y creación de una comisión bicameral que dé vida institucional a un Parlamento Abierto.
Hoy estamos ante la posibilidad de aprovechar la coyuntura y abrir ventanas hacia la transparencia en todos los congresos de nuestro país para así lograr una representación más transparente.
Fundador de Impacto Legislativo, organización integrante de la Red por la Rendición de Cuentas
Fuente: El Universal
