Otro factor para considerar durante este año es el debilitamiento a los contrapesos en el Estado. Observaron el triunfo electoral de Donald Trump y posibles conflictos poselectorales como otros riesgos a tomar en cuenta.
Integralia Consultores dio a conocer su informe 10 Riesgos Políticos para 2024, en el que observaron la posible “captura” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la aprobación de reformas constitucionales que afecten los pesos y contrapesos en el poder, como los riesgos políticos más destacados para lo largo de este año.
La empresa consultora señaló, como punto uno, que en caso de una victoria electoral del partido que actualmente ostenta el poder, se podría consolidar la captura del máximo tribunal del país por parte del Ejecutivo; ya que, tras la salida de Luisa María Aguiar de su encargo, en noviembre próximo, se podría elegir un perfil de una ministra o ministro fiel políticamente y defensor de los intereses del gobierno.
“Ese nuevo nombramiento significaría la formación de un bloque de cuatro ministros afines a la coalición gobernante, suficiente para rechazar los dos principales medios de control jurisdiccional con que cuentan la oposición y otros actores para impugnar normas generales expedidas por el Congreso”, se denunció en el documento.
Además, se mencionó que otra ruta que podría debilitar a la SCJN es mediante la realización del conocido como Plan C que, en caso de que Morena y aliados obtengan la mayoría calificada de las cámaras, permitiría a Andrés Manuel López Obrador promover que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto.
Como punto dos, Integralia destacó que si la coalición gobernante obtiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión se podría aprobar reformas constitucionales que afectarían los pesos y contrapesos, como una modificación para cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral, una reforma energética, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), entre otros.
Sin embargo, la empresa detalló que, si bien es altamente probable que Morena sea el partido más votado en 2024, es menos probable que se repita el fenómeno que ocurrió en los comicios de 2018, incluso teniendo como antecedente las elecciones de 2021, en las que el partido gobernante perdió curules.
Grupos Criminales
Detrás de estos dos, se ubicó la posibilidad de que grupos criminales puedan aprovechar la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y mercados locales, la continuidad al proceso de militarización mediante la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena o si el nuevo gobierno decide continuar con la política con respecto a las Fuerzas Armadas.
También, observaron el triunfo electoral de Donald Trump, la aprobación de reformas y leyes que afectasen el clima de negocios, la posible generación de conflictos poselectorales por campañas polarizantes, el incumplimiento de metas fiscales previstas en el presupuesto del nuevo gobierno, el aumento de la corrupción y el crecimiento de las tensiones y divisiones en los partidos de oposición como otros riesgos a tomar en cuenta.
Cómo mitigar los riesgos
En entrevista, Carlos Ramírez, consultor de Riesgos Políticos y Económicos en Integralia Consultores, mencionó la importancia de abordar estos riesgos de manera proactiva para preservar la democracia, mantener la estabilidad económica y salvaguardar la seguridad durante el proceso electoral de 2024.
Por otro lado, explicó que algunas posibles medidas para mitigar estos riesgos, sería la existencia de una elección federal competida, la articulación de una estrategia si Donald Trump llegase al gobierno de Estados Unidos, la preparación ante el riesgo de militarización y la necesidad de proteger a los candidatos frente a posibles amenazas del crimen organizado.
“Creemos que lo mejor para el país es que tengamos una elección… donde haya, digamos competencia, eso es lo mejor que le puede pasar a esta democracia, porque en un marco de competencia se activan los contrapesos y entonces gane quien gane, pues no tendría mayorías para hacer y deshacer a las instituciones a su antojo”, expresó el consultor.
En cuanto al tema económico, subrayó que los riesgos políticos no se materializan automáticamente y que eventos de magnitud, como la victoria de un oficialismo o la designación de ministros, no garantizan una caída inmediata de los mercados o una corrida financiera.
Sin embargo, destacó que la desaparición de instituciones de contrapeso y la afectación al andamiaje institucional del país, eventualmente, puede tener repercusiones sobre la economía y los mercados.
“Si bien la economía puede tener un buen año, si se consuma la captura de las instituciones, eventualmente eso va a repercutir sobre la economía, como ocurrió con el priismo hegemónico de los setentas”, dijo.
Los 10 riesgos
- En caso de una victoria electoral de Morena, se consolida la captura de la SCJN parte del Ejecutivo, a través del nombramiento de otro ministro afín o por medio de una reforma constitucional.
- Si se obtiene mayoría calificada en Congreso, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos.
- Grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales.
- Se acentúa el proceso de militarización ya sea porque se consigue mayoría calificada o el gobierno entrante continúa con política de seguridad actual.
- Un triunfo electoral de Donald Trump deteriora la relación bilateral con Estados Unidos.
- El Congreso aprueba reformas y leyes “sorpresivas” que afectan el clima de negocios.
- Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes.
- El primer presupuesto del nuevo gobierno incumple con las metas fiscales previstas.
- Aumentan la corrupción, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción de estos casos.
- Tras un posible resultado electoral desfavorable, crecen las tensiones y las divisiones en los partidos de oposición.
Fuente: El Economista