La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez control una audiencia para imputar a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, por la presunta difusión de información falsa sobre la emisora Aleatica, S.A.B. de C.V., antes OHL México.


Fernando Gómez Mont, abogado de Aleatica, confirmó que un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte ya citó para el próximo viernes a una audiencia de imputación al litigante, a quien en 2015 agentes federales le “sembraron” un arma de fuego.

El caso corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/611/2017, iniciada por el delito previsto en el artículo 383, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, que sanciona con 5 a 10 años de prisión a quien difunda información falsa de valores, financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora.

Según antecedentes del caso, Aleatica presentó la denuncia hace dos años y luego la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso su querella, una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una opinión de delito.

La supuesta difusión de informes falsos deriva de inserciones pagadas en tres diarios de circulación nacional, declaraciones en entrevistas de radio y comunicados de prensa en una página de internet.

En ellos, según la FGR, el abogado faltó a la verdad cuando afirmó que Aleatica no invirtió recursos propios en la construcción de su concesión de la carretera Circuito Exterior Mexiquense y que ésta se habría realizado con recursos federales.

También, que la inversión en la concesión es parte de la deuda pública del Estado de México; que Banobras otorgó una garantía inconstitucional, con base en inversión inexistente; y que la CNBV habría sancionado a Aleatica por sus denuncias.

Otro señalamiento que le imputan es haber dicho que la sucesora de OHL ya habría recuperado la inversión y rentabilidad en dicha obra, por lo que la concesión debía revertirse en favor del gobierno mexiquense.

Consultado sobre el caso, Díez Gargari confirmó que ya fue notificado del citatorio y dijo que se trataba de un intento más de la FGR para fabricarle otro delito, como cuando le “sembraron” un arma en su vehículo, el 7 de septiembre de 2015.

“En realidad, celebro que después de dos años el asunto finalmente se judicialice, pues por fin voy a poder ejercer mi derecho a una defensa que no he podido ejercer en esta etapa ante la FGR”, dijo.

Posteriormente, Díez emitió un comunicado en el que dice que el apartado legal que le imputan haber violado no puede ser un remedio contra el ejercicio de la libertad de expresión, así fuera abusivo, y mucho menos contra la denuncia pública de actos graves de corrupción.

“Si el juez decide que debo quedar vinculado a proceso, tendré finalmente la posibilidad de hacer valer mi derecho de defensa, que hasta el día de hoy no he podido ejercer de manera eficaz, pues me lo ha impedido la Subprocuraduría a cargo de esa víctima improbable de la CNDH que responde al nombre de Felipe Muñoz, que durante años ha protegido indebidamente a la corrupta Aleática”, dijo en el comunicado.

Fuente: Reforma