Por: Eileen Matus
Profesora del CIDE
La vía para combatir la corrupción no es una receta compuesta de uno o dos ingredientes. Requiere de una serie de elementos que ataquen las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la corrupción. Esta articulación se logra por medio de un conjunto coherente y coordinado de estrategias que no sólo se centran en sancionar individualmente a funcionarios duplicando tipologías de conductas ya sancionadas penalmente. Es necesaria la promulgación de leyes que precisen sobre las funciones o conductas de las cuales se derivaría la responsabilidad administrativa, y aun teniendo una ley blindada se requiere que ésta sea aplicada correctamente (sin excepciones) y armónicamente a la par de la implementación de políticas públicas anticorrupción.
La diversidad de lógicas de control y la fragmentación institucional plantea dilemasque incrementan la incertidumbre. Ante el escenario referido, es necesario un sistema de combate integral que permita una retroalimentación inteligente dentro del desempeño institucional, y es en este punto cuando se vuelve relevante el desmantelamiento de redes de corrupción, de la misma manera en que se desmantelanredes de delincuencia organizada.
La racionalización de información para llevar a cabo los procedimientos de investigación debe garantizar la publicidad de las actuaciones públicas. Esto es así, ya que la prevención y la creación de una cultura anticorrupción es crucial para promover la denuncia, y la participación de la sociedad.Un acierto sería que la voz ciudadana sea la que presida el comité coordinador que prevé la reforma constitucional.
La prospectiva es que el proceso de discusión en torno a la reforma de las leyes secundarias y la ley general de responsabilidades esté planteado en un horizonte para la consecución de objetivos destinados a combatir la corrupción, a partir de la construcción de un ordenamiento eficaz de responsabilidades, el mejoramiento institucional, el desmantelamiento de redes de corrupción yel acabar la fragmentación institucional generando vías de comunicación estrecha entre los organismos encargados de combatir la corrupción.
Fuente: Milenio
