Por Blanca Lilia Ibarra Cadena*

Fueron contadas las ocasiones que platiqué con Alonso Lujambio, pero todas ellas fueron muy significativas. Lo conocí cuando estuve al frente de la Comisión de Transparencia del Municipio de Puebla. Desde entonces, sostuve varios encuentros con él, coincidiendo siempre en el tema de cómo lograr impulsar mayores prácticas de transparencia en los gobiernos. Confirmé que era un hombre de principios y convicciones.

Hace más de tres años, con una entrevista que le hice, inicié el programa de Televisión en Canal 26 “Sociedad Transparente”. En homenaje y reconocimiento a este personaje, reproduzco una parte de ella:

BL: ¿En materia de transparencia y acceso a la información, en qué etapa se encuentra México?
AL:“Percibo que los mexicanos no nos damos cuenta cabalmente de lo que representa contar con una garantía constitucional como lo es el Derecho de Acceso a la Información. Como pocas constituciones en el mundo, la nuestra establece principios básicos y principios generales, arreglos institucionales, medios tecnológicos, todo eso que ha de ser utilizado para facilitarle a los ciudadanos el acceso a la información y colocar a nuestros funcionarios públicos en un contexto de exigencia, de auditoría social, que creo que es muy importante en la coyuntura de la democracia en México.

El hecho de que nuestra federación deba contar en todos los estados con un instituto de transparencia, que le dé centralidad al tema, que resuelva controversias, que esté atento a fortalecer este derecho ciudadano, que lo acepte, que lo facilite. El hecho de que la constitución también obligue a todos los estados, a todas las instancias gubernamentales e incluso a los municipios de más de 70 mil habitantes a tener sistemas electrónicos para facilitar el acceso a la solicitud de información pública.

El derecho a votar es muy sencillo, es casi plástica, no solamente la credencial para votar con fotografía, sino la expresión de cómo se vota, es un asunto que se entiende muy bien. El derecho de acceso a la información es un poco más sofisticado, requiere de explicación, requiere de socialización, por eso, subrayo, es tan importante el esfuerzo que ustedes están realizando, para que a través de los medios de comunicación, podamos explicarle a la gente cuál es el beneficio que obtiene del derecho de acceso a la información, en qué consiste y cómo puede fortalecer la democracia en México.

BL: ¿Para qué sirve la información, para que le es útil al ciudadano?
AL: Para muchas cosas, mira, ha habido empresarios que han hecho solicitudes de información para tener datos con objeto de tomar decisiones estratégicas en relación a sus empresas y a su legítimo interés. Los despachos de abogados están haciendo un creciente uso del derecho de acceso a la información para conocer criterios de tesis, antecedentes, precedentes, de los temas que están litigando ante el gobierno. Las ong’s están haciendo un mayor uso de la ley, por ejemplo, para someter a escrutinio la política ecológica y los permisos que eventualmente se ofrecen a las empresas para instalarse en un determinado lugar para evitar un desequilibrio ecológico.
Los empleados del sector público están utilizando la ley de transparencia para conocer el status laboral y los documentos relativos a su vida profesional y laboral.

BL: ¿Hemos llegado al momento en que hay interés del ciudadano por conocer más las tareas del gobierno?
AL:Yo creo que todavía no, todavía estamos en ese momento de socialización, de comprensión masiva de lo que significa la Ley de Transparencia, sus alcances y su utilidad social; debo decirte, sin embargo, que año con año están aumentado el número de ciudadanos que hacen uso de la ley y el número de solicitudes que se presentan y están utilizando esta herramienta para su vida social, yo creo que todavía falta mucho por hacer.

BL: ¿Cuáles son los principales obstáculos?
AL:Yo creo que el principal reto, -no lo pondría como obstáculo-, está en que los institutos de transparencia: el federal y sus institutos hermanos en los estados, implementen una política de comunicación que le hagan saber al ciudadano en qué consiste y para qué le sirve el derecho.

BL: ¿Qué tan válido es que en época electoral, algunas solicitudes lleven una intención de usar la información para golpear al adversario político?
AL: Mi respuesta categórica: es absolutamente válido y legítimo, sucede en todas las democracias, los adversarios utilizan la información para formular críticas respecto del modo en que los partidos en el gobierno están conduciendo la política pública en general, yo sé que en México existe esa percepción, pero no la acabo de entender cabalmente. Diría, incluso, que hasta es mejor que haya una Ley de Transparencia para que los críticos puedan argumentar sus dichos, y no solamente el debate público sea de dimes y diretes, sino que se pueda argumentar la formulación de la crítica para que el ciudadano tenga mayor información al momento de tomar las decisiones en las urnas.

Decir que es perverso el uso que se le da a la Ley de Transparencia para el golpeteo político, es no entender en una perspectiva liberal lo que es la confrontación de ideas y la lucha política en las democracias.

BL: ¿En México vamos por buen camino?
AL: Por supuesto que vamos por buen camino, aunque el camino es largo y queda muchísimo por recorrer y yo creo que aquí tenemos una responsabilidad muy especial los institutos de transparencia.

Sin duda, Alonso Lujambio nos deja un gran legado para el México democrático y de contenidos al que todos aspiramos. Cimentó -con gran sensibilidad política- los acuerdos que se habían iniciado previamente desde noviembre del 2005 con la Declaración de Guadalajara, firmada por los Gobernadores de Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes, para establecer un piso mínimo en la reforma de julio del 2007 al artículo 6° Constitucional para establecer un piso mínimo en la reforma de julio del 2007 que estableció el principio de máxima publicidad, la gratuidad en la entrega de la información y preservar el derecho a la privacidad.

Promovió también, desde la Presidencia del IFAI, la elaboración de un Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información que coordinó el CIDE, con apoyo, entre otros, de Organismos de la Sociedad Civil y de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), con el objeto de proponer a todos los Congresos del país un marco de referencia para el diseño de las legislaciones sobre transparencia.

Adicionalmente, propuso a todas las entidades federativas, principales municipios, a los poderes ejecutivo legislativo y judicial del ámbito federal, así como a los organismos constitucionales autónomos de México, que se sumaran a la plataforma tecnológica INFOMEX para homologar los mecanismos electrónicos de acceso y dar certeza jurídica a la forma en que las personas hacían solicitudes de información a las autoridades públicas. Esta estrategia, puesta en marcha desde octubre del 2006, potenció el derecho a la información al multiplicarse en forma exponencial el número de solicitudes para saber cómo y en qué gastan nuestros gobiernos y, en consecuencia, tener una opinión fundamentada del quehacer gubernamental.

*Comisionada Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAIP). Recibo su opinión en blanca.ibarra@caip.org.mxy @bl_ibarra. Los comentarios vertidos en este espacio son responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la postura de la CAIP.