Sabotaje para las instituciones incómodas y entrega total para las que le garantizan poder e impunidad.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador está por terminar, no queda mucho tiempo para la transformación que el Presidente planteó en su campaña de 2018. Los primeros tres años del sexenio se sostuvieron sobre la base de una narrativa de que el gobierno estaba trabajando en los cambios necesarios para lograr la transformación.
El 1° de octubre del 2024 habrá un nuevo Presidente. Pero si contamos que la elección es en junio 2024 y a eso le sumamos los meses de campaña, al presidente López Obrador le quedan menos de 12 meses para sacar a flote ya no lo que se propuso, sino lo que su realidad le está exigiendo. La cuenta regresiva la hemos comenzado a atestiguar durante las últimas semanas.
Una vez declarada inconstitucional la transferencia operativa y administrativa de la guardia nacional a la Sedena, el Presidente amagó con que antes de que termine su sexenio y después de las elecciones, su partido logrará nuevamente la mayoría en el congreso para realizar constitucionalizar lo que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional. El presidente cuenta con que en 2024 del 1 al 30 de septiembre su partido logrará dejar en la constitución el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional. Es decir, ya no se trata de respetar la división de poderes ni de encontrar consensos en un ambiente democrático, el Presidente ha dejado claro que su voluntad está por encima del respeto a las instituciones y ocupará el tiempo que le queda para materializarlo.
La semana pasada, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para desaparecer “fusionar” o “incorporar” al menos 18 instituciones porque a su consideración, no son necesarias o representan un gasto excesivo. Al hacer una revisión de cada una de esas instituciones, el diagnóstico puede ser correcto porque hay que preguntarnos si en verdad cumplen sus objetivos. Pero la falsedad de este argumento del Presidente queda en evidencia cuando al mismo tiempo se sabotean otras instituciones que sí funcionan y que incluso requerirían más presupuesto, como el INAI.
Así, el sabotaje a una institución de primera necesidad para una nación democrática que se jacta de reconocer y respetar los derechos humanos es incompatible con el supuesto interés del presidente para que las instituciones funcionen y optimicen sus recursos. Lo que estamos presenciando no es una transformación institucional del INAI en favor de la sociedad, sino la desaparición de instituciones que garantizan una serie de derechos y que resultan incómodas para otras instituciones poderosas del Estado cuando de ser transparentes se trata.
Y para terminar, es inexplicable que una de las instituciones creadas por el propio López Obrador también esté siendo saboteada. Antier se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que se haga cargo de ese sistema de salud una institución que, de por sí, ya está rebasada: el IMSS. ¿Qué pasará con la atención en hospitales de tercer nivel que requieren a los pacientes casi una carta del secretario de Salud para que sean atendidos si no comprueban que están inscritos al Insabi y que no tienen IMSS o ISSSTE? La desaparición del Seguro Popular y ahora del Insabi son, igual que el INAI y las 18 instituciones, un sabotaje institucional que responden a intereses distintos del bienestar de la sociedad.
La única institución que no es tocada por el Ejecutivo ni el Legislativo es la Sedena, sino que hasta se le defiende desde Palacio Nacional. Una institución que tampoco funciona para las tareas que se le han asignado, que ha demostrado violar los derechos de la ciudadanía al grado de espiarla ilegalmente. El último año de López Obrador será de sabotaje institucional para las instituciones incómodas y entrega total para las que le garantizan ese halo de poder e impunidad.
Fuente: El Universal
