Es una buena noticia que el Consejo General del INE otorgara el registro a tres nuevos partidos políticos: Morena, Partido Humanista y Encuentro Social. Más allá de las propuestas políticas y doctrinarias que los animan, este hecho demuestra que nuestro sistema político está abierto a que se incorporen a la vida institucional nuevas corrientes de opinión que no se sienten representadas por las existentes.
Si convenimos que participar políticamente es un derecho fundamental de los ciudadanos, entenderemos la relevancia que tiene que existan reglas y procedimientos para renovar periódicamente la oferta política.
Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que buscan conquistar el poder y espacios de representación política para impulsar ciertos proyectos de Estado y de sociedad y, con ello, estimulan el debate de ideas y dan cauce a la pluralidad de posiciones que son indispensables para tener un régimen democrático robusto.
Pero, la puerta de entrada a nuestro sistema de partidos es muy estrecha, es decir, no quiere fomentar la fragmentación política. De ahí que la ley exija que los aspirantes a convertirse en partido cuenten con una base social importante y con una probada presencia regional (alrededor de 270 mil afiliados y 20 asambleas estatales con 3000 asistentes, o 200 asambleas distritales con 300 miembros presentes). Estos requisitos se explican porque convertirse en partido político implica inmediatamente acceder a cuantiosos recursos públicos (cada uno de los tres nuevos partidos habrá de recibir 50 millones de pesos entre agosto y diciembre de este año).
Es cierto que será el respaldo ciudadano el único que ratifique el registro de los nuevos partidos en las elecciones de 2015, siempre que alcancen al menos el 3% de los votos. No obstante, el mero hecho de que obtengan dinero público antes de que se sometan a la prueba de las urnas sigue siendo un incentivo que anima la formación de un partido político.
El financiamiento público dominante ha sido una fórmula eficaz para generar condiciones de equidad en la contienda política porque garantiza que todos los partidos cuenten con recursos suficientes para disputarse efectivamente el apoyo de los votantes. Sin embargo, a casi veinte años de que se estableciera esta fórmula, se ha optado por incrementar los requisitos al doble (2007) y por elevar el umbral de votación para conservar el registro de 2% a 3% con la reforma electoral de este año, con lo cual se han inhibido genuinas intenciones de grupos de ciudadanos interesados en participar políticamente, sin que el dinero deje de ser el gran estímulo, justamente porque se obtiene antes de competir por el apoyo ciudadano.
La manera como se han introducido correctivos a este problema ha sido por la vía de una fiscalización más severa que obliga a los nuevos partidos incluso a rendir cuentas de los recursos con los que organizaron sus asambleas y promovieron su causa, previo a la obtención del registro, además de las revisiones que la autoridad electoral hace ahora regularmente durante las campañas y precampañas.
Dicho de otra manera, no hemos encontrado una fórmula para tener contiendas equitativas, que aseguren la competencia, sin que el dinero público siga siendo un animador de la organización política. Aunque la autoridad multe a posteriori a los partidos por una mala utilización o una deficiente documentación de los recursos otorgados y lo haga con procesos de fiscalización transparentes y bien justificados, el dinero sigue animando la formación de nuevos partidos políticos. Este es un tema que requiere seguir siendo debatido, porque es un factor que alimenta la desconfianza no sólo en los partidos políticos, sino en la política misma.
Fuente: El Universal
