El Tren Maya será sin duda el legado de opacidad y devastación del gobierno de López Obrador. Están ya documentadas las evidencias del daño causado al medio ambiente y el turbio ejercicio de recursos públicos repleto de contratos a modo que, incluso, podrían poner en riesgo a quienes decidan abordarlo. que además acumula un expediente amplio de corrupción y degradación de áreas naturales protegidas.
Para al administrar la construcción del tren, el gobierno al que no le gustan los fideicomisos decidió crear el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la empresa del Estado Fonatur Tren Maya. Para la construcción de todos los tramos se expropiaron varios terrenos. En el tramo 5 hay una expropiación que llama particularmente la atención. Desde 2020, ni el fideicomiso ni la empresa han actualizado las bases de datos abiertos sobre contratos, adjudicaciones y destino de los terrenos expropiados.
¿Por qué Fonatur Tren Maya ha decidido esconder los contratos?
El 7 de septiembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropió una superficie total de 190,941.31 m², un total de 9 terrenos para el tramo 5.
Pero no fueron ni el fideicomiso ni la empresa quienes se encargaron de materializar la causa de utilidad pública, sino que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) dirigida por Román Meyer, fue la dependencia que ocupó los predios y que pagó la indemnización de ley, ¿entonces para qué existe el fideicomiso y la empresa?
El propio decreto estableció que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Sedatu se coordinarían para gestionar los recursos necesarios y cubrir el monto de la indemnización. ¿Se coordinaron para eficientar recursos o para hacer negocios?
En octubre de 2022, la empresa Fonatur Tren Maya volvió a pagar los 9 predios expropiados y por lo tanto finiquitados. Es decir se hicieron dos pagos con cargo al erario, el primero pagado por la expropiación y el segundo pagado por la empresa. Todo esto, con la complicidad de todas las dependencias involucradas.
La falta de publicidad de los contratos por parte de Fonatur Tren Maya deja en evidencia el negocio. La reserva por razones de seguridad para no entregar información sobre estos movimientos deja claro que han decidido ocultar la doble compra. Ya que no advierten la inexistencia de los mismos, es decir, el contrato existe pero se oculta.
Actualmente existen dos juicios de amparo presentados por Fonatur Tren Maya contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para no entregar los contratos y mantenerlos ocultos. ¿A partir de cuándo un contrato de compraventa por millones de pesos tomados del erario es un asunto de seguridad nacional?
¿Qué hay de las personas dueñas de esos terrenos? ¿recibieron doble pago y eso les convino? ¿fue una manera de mantenerlos silenciados? Estas preguntas –y sus posibles respuestas– serían viables si se tratara de propietarios que pertenecen a una comunidad indigena o cualquier otro grupo vulnerable de la zona. Incluso si se tratara de familias comunes y corrientes.
Pero los terrenos fueron expropiados e indemnizados a un empresario hotelero de la zona que ha sido señalado por el ecocidio de la Selva de Chemuyil en Quintana Roo por construir un complejo de 97 edificios y 15 cabañas.
El entramado de fideicomiso, empresa paraestatal e involucramiento de la Sedatu con un pie adentro y un pie afuera de la construcción del Tren Maya permite la salida de recursos públicos y la generación de acuerdos entre funcionarios y particulares a los que es complicado seguirles la pista.
El Tren Maya deja descarrilada la honestidad prometida y consolidada la indiferencia de una administración que ha transformado es el acceso a la información en reserva para blindaje de desvíos.
Fuente: El Universal
