Cada vez más existe una justificada demanda en la sociedad mexicana por transparentar espacios de opacidad y corrupción que tanto han costado al país. Los partidos políticos, los sindicatos y los fideicomisos públicos han representado nichos donde se manejan enormes cantidades de dinero público fuera del escrutinio social.
Escapa al principio de representación que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostenga reservas a la reforma constitucional en materia de transparencia que buscan eludir que los partidos políticos sean sujetos obligados directos del régimen de transparencia, cuando el esquema indirecto que prevalece actualmente ha demostrado ser ineficaz.
En este modelo los partidos cumplen con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera indirecta a través del Instituto Federal Electoral.
La Consejera del IFE y ex Comisionada del IFAI, María Marván Laborde, ha expuesto públicamente la complejidad de conservar el esquema indirecto de transparencia para los partidos políticos. Las reservas del PRI presentadas en la Cámara de Diputados son además regresivas frente a la Minuta aprobada por el Senado de la República que incluye a los partidos políticos como sujetos obligados directos.
El día lunes 8 de julio, organizaciones civiles, redes e individuos comprometidos con un régimen de transparencia que amplíe la protección del derecho de acceso a la información, incluidas entre ellas México Infórmate, publicaron una carta abierta dirigida a la Cámara de Diputados para exigir que se retiren las reservas que potencialmente debilitarían el régimen de transparencia y que representarían un serio revés a nuestra democracia en construcción.
Entre las reservas más preocupantes, se identifican además las siguientes: Se pretende eliminar la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, lo que atentaría contra la eficacia de este órgano y favorecería la resistencia de las autoridades públicas a entregar información que el órgano especializado haya determinado que es pública.
Las reservas presentadas por el PRI señalan que el Consejero Jurídico del Gobierno, los Presidentes de la Cámara de Senadores o de Diputados o los Titulares de los organismos autónomos podrán interponer recursos de revisión de las resoluciones del IFAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando se fundamente que exista daño o perjuicio al interés público o una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad o cuando la resolución emitida sea con motivo del ejercicio de la facultad de atracción.
Bajo el ámbito de la seguridad se ha reservado gran cantidad de información de interés público. Esta disposición se opone a criterios internacionales y judiciales que han contribuido a definir el alcance y contenido del derecho de acceso a la información.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos señaló en su Informe 2010 que la posibilidad de los sujetos obligados de impugnar mediante recursos ordinarios las resoluciones del IFAI y de las entidades estatales equivalentes, conduce a negar a la persona el derecho a obtener la información solicitada a través de un proceso sencillo, expedito y especializado, privando así al derecho de acceso a la información de su efecto útil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis aislada XIV/2012 (10ª ) y la resolución de la acción de inconstitucionalidad 56/2009, dictada por el Máximo Tribunal a mediados de 2012 ha establecido que las resoluciones de los órganos de transparencia deben ser definitivas e inatacables para las autoridades públicas.
Además, se elimina la facultad de los órganos de transparencia propuesta en la Minuta del Senado de iniciar acciones contra instrumentos normativos regresivos en materia de transparencia y acceso a la información. La experiencia ha demostrado que existe la posibilidad de que a través de modificaciones legislativas en otras materias se afecte el derecho a la información.
Las y los legisladores de la Cámara de Diputados deben actuar de manera congruente con los compromisos que todos los partidos políticos han manifestado a favor de la transparencia y acceso a la información, y con la demanda social por un régimen efectivo de transparencia. Fortalecer la transparencia es una medida de una adecuada representación y contribuirá a la legitimidad de las acciones del gobierno y los actores políticos, así como proveerá elementos para avanzar otros compromisos políticos que cuentan con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. La transparencia es en beneficio de tod@s.
Gabriela Morales – El Universal
