Poco realmente se sabe de los procesos legislativos en general y mucho menos de lo que se denomina leyes secundarias. Sin embargo la aprobación de este tipo de leyes derivadas de algunos artículos de la Constitución, como carta magna o ley suprema, son tan o más importantes en el sentido de que son las que, permítanme el lugar común, “aterrizan” la intención de aquellos.

Señalamos lo anterior a manera de introducción del tema de hoy porque ayer que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró la constitucionalidad de la llamada reforma en materia de transparencia y la envió al titular del Poder Ejecutivo para su publicación, muchos pareciera que consideran que todo va a mejorar como en un pase mágico.

Por eso es que me permito recordar que en diciembre, habría señalado en esta misma columna siendo aún Comisionado Presidente de la CAIPTLAX que “Suponiendo que la aprobación requerida de la mitad más uno de los Congresos Locales, de las entidades federativas, estuviera a más tardar en el mes de enero del 2014 y por esas fechas se hiciera la publicación en el Diario Oficial de la Federación entonces tales ordenamientos secundarios estarían a más tardar a principios de 2015.”

Y sin ser adivinos acertamos, fue en este mes de enero en que el largo y sinuoso camino que tuvo esta reforma constitucional concluyó.  Pero como bien lo dijo la diputada panista en su intervención en la sesión que hizo la declaratoria mencionada arriba, este no es el punto de llegada sino de partida.  Por lo menos en cuanto a la intención de homogeneizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales en todo el país.  Se dice, para que no haya mexicanos de primera, de segunda y hasta de tercera.

Por eso es que resulta necesario recordar, para no perderse en la algarabía, que el transitorio quinto  de la minuta de la multicitada reforma constitucional, dice que “Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor (de las llamadas leyes generales), para armonizar su normatividad conforme a lo establecido…”

Es decir que desafortunadamente, si se continúa con la parsimonia con que se ha dado este proceso entonces tenemos todavía un buen rato, quizá poco más de dos años, para que la aplaudida reforma se manifieste, sólo en su aspecto legislativo, en las entidades federativas.

Y esto es, desde mi punto de vista una de las cuestiones más importante de dicha reforma, pero a la vez de las más difíciles de concretar.  Es de lo más importante porque se trata de poner en la misma sintonía el ejercicio del derecho a saber y el derecho a la privacidad en todos los estados del país, por lo menos en cuanto a las leyes que lo norman.  Es decir que en términos prácticos la heterogeneidad existente en las leyes locales en la materia desaparezca.

Cosa nada fácil si pensamos por ejemplo en que hay estados en los que incluso no existen leyes en materia de protección de datos personales o de archivos.

Y ello evidencia no sólo la tortuosa democratización de México sino además la disparidad con que esta ha avanzado en los diferentes rincones del país.

Pongamos sólo un ejemplo de lo que en materia del órgano garante de estos derechos debería de contemplarse, de acuerdo con las “Recomendaciones” que hace el INOGDAI (www.inogdai.org).  Dice dicho estudio que en materia de presupuesto, que “Cuando la prioridad de una política pública no se ve reflejada en la asignación de su presupuesto, ésta puede volverse inoperante o se ve limitada para lograr los resultados esperados.”  Por lo que recomiendan al legislativo (léase federal o locales) “Asegurar la autonomía presupuestaria y de gestión, con recursos económicos suficientes para la operación de los órganos de transparencia, y tomando en consideración las capacidades presupuestales de las entidades federativas, la asignación presupuestal anual pe cápita debe ser cuando menos de 12 pesos.”

Esta recomendación y otras más que hacen estudios como este deben ser contempladas en las leyes secundarias.  Y luego adoptadas en los estados, aunque a mí me parece que si en los Congresos locales hubiera altura de miras, podrían adelantarse a las mismas leyes secundarias.

No somos pesimistas sólo un poco realistas por eso es que sugerimos no entusiasmarse demasiado con la declaratoria de constitucionalidad en materia de transparencia, sino más bien presionar tanto en el Congreso de la Unión, como en los Congresos locales para acelerar las leyes secundarias y a la adecuación de las leyes locales a éstas.

e- mail: ccirior@yahoo.com.mx

twiter: @ccirior