Para el momento en que escribimos esta reflexión, no hay la mínima claridad de que el Senado de la república apruebe, en el plazo que ellos mismos se dieron (un año), siquiera una (la de transparencia y acceso a la información pública) de las leyes generales que ordena la reforma constitucional en la materia, promulgada el 7 de febrero de 2014.

Desde la sociedad civil organizada, principalmente el Colectivo por la Transparencia que encabeza Guillermo Noriega, esto se ha considerado ya como una traición por parte de los senadores. No les falta razón puesto que como ellos mismos lo han denunciado, luego de “seis meses de colaboración” no sólo cuenta la demora sino además los intentos de regresión que centralmente priistas y pvemista (con la directriz del Ejecutivo Federal) han introducido a la única ley en la que se ha trabajado que es la relacionada con el DAIP.

En efecto es como si la “caja de cristal”, metáfora con la que se ilustra la aspiración de muchos que desde la academia, el activismo y los órganos garantes de tal derecho, anhelan un país democrático y transparente, estuviera amenazada por una bomba de tiempo. Y lo insólito, para no llamarlo desvergüenza, es que nuestros legisladores parecen no darse cuenta o bonachonamente ignoran el “tic-tac” del reloj de programación de la explosión.

Voces autorizadas como las de Jaqueline Peschard y María Marván Laborde, o de Artículo 19 México han levantado la voz esta semana para manifestar una preocupación que se manifiesta como molestia legítima. Marván habla por ejemplo de “violación a la constitución” de un poder legislativo “constitucional y legalmente irresponsable”. Mientras que Artículo 19 habla literalmente de una “traición” del senado.

En particular nosotros nunca tuvimos confianza en que los senadores tuvieran el decoro suficiente y estuvieran a la altura de las circunstancias. Ejemplo de ello fue la inclusión en el nuevo Pleno del IFAI de un personero de Peña Nieto, así como dejar fuera a gente con mayores merecimientos como el Dr. Ernesto Villanueva.

Un estimado amigo ante mi actitud crítica y escéptica de lo que ocurría respecto a las llamadas leyes secundarías me habría asegurado que estarían “para abril o para mayo” (como las cerezas maduras) del año pasado y desafortunadamente fui yo quien acerté al decir que dudaba que las sacaran incluso en el plazo fijado.

Y lo lamentable es que en ese inter nos alcanzó lo que llamo “los tiempos de Ayotzinapa”, es decir esta terrible coyuntura iniciada en septiembre del año pasado en que fueron asesinados dos (uno de ellos desollado inhumanamente), y desaparecidos 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero.

He dicho que a partir de ahí, sobre todo por las movilizaciones que en torno al caso no cesan (contando con la solidaridad internacional), todo estaría marcado por Ayotzinapa. La torpeza gubernamental ha abonado en ello y ha alcanzado el tema de la transparencia.

Afortunadamente en este caso para bien, ya que el Pleno del IFAI ha resuelto el pasado miércoles, a partir de lo planteado por la ponencia del Comisionado Joel Salas, que el Ejército debe “realizar una búsqueda exhaustiva y entregar al particular versión pública de la información solicitada… La búsqueda no podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a los Batallones y Zonas Militares que acudieron a tomar conocimientos de los hechos y/o que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo, con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.”

Se agradece que haya en dicho Comisionado la sensibilidad humanista suficiente como para fundar que “Existe un interés público dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos (CNDH), por lo que no se podría clasificar esta información como reservada…”

Al declararse la SEDENA “incompetente para conocer de la información requerida”, el IFAI le corrige y lo obliga entonces a que entregue “las fotografías y registros tomados a los normalistas por el ejército mexicano el 26 de septiembre” y “la bitácora e informes sobre los hechos con los que cuente la dependencia.” Porque “existen indicios sobre la presencia de elementos del ejército mexicano en el Hospital Cristina.”

Así mientras en el Senado se muestran impasibles, en el IFAI, tan criticado en ocasiones sin muchos argumentos, podemos ver resolutivos valiosos como el que comentamos. Permítanme concluir citando un extracto del “Posicionamiento sobre recurso vs. @SEDENAmx relativo a información documental del caso Ayotzinapa (RDA 5366714)” que ha divulgado el Comisionado Salas: “Como instituciones públicas, ¿seremos indiferentes ante tal evidencia? ¿Qué vía tenemos para responder a este llamado? …invito al Pleno a interpretar estas movilizaciones como una demanda de diversos sectores de la sociedad; la cual exige una nueva sociabilidad política y ser parte del sistema de contrapesos a pedir cuentas a las autoridades.”

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