El derecho a saber, a conocer la verdad y a contar con información precisa, clara y oportuna, constituye uno de los fundamentos esenciales de la transparencia, que, a su vez, es pieza trascendente dentro de los regímenes democráticos.

En ese sentido, existen mecanismos que coadyuvan a optimizar los fines democráticos de la transparencia, tal es el caso de la transparencia proactiva, entendida como un conjunto de actividades que promueven la generación y difusión de información que va más allá de la establecida normativamente como una obligación para las autoridades y que busca ser de utilidad para ciertos sectores sociales

Ser proactivo en materia de transparencia implica realizar una serie de acciones más allá del deber normativo, con el objetivo de que los beneficios de la apertura de la información irradien y se expandan en favor de los colectivos sociales, lo que puede redundar en una mayor confianza ciudadana, así como la posibilidad de una mayor exigencia en la rendición de cuentas sobre los actos de autoridad.

Sobre el particular, debemos resaltar que, ante a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y en nuestro país, se ha evidenciado la necesidad de generar datos e información precisa y oportuna para la ciudadanía.

Esto, según nos parece, puede lograrse -en amplia medida-, con el impulso de prácticas de transparencia proactiva y la generación de mayores esfuerzos para emitir información indispensable respecto al COVID-19.

Lo que se pretende, es contar con datos que coadyuven a que la sociedad tome decisiones mejor informadas que -en el corto, mediano y largo plazo- aminoren los contagios, la propagación de brotes y mitiguen los efectos nocivos del virus.

Un ejemplo de esta práctica, lo constituye el micrositio de transparencia proactiva diseñado y publicado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el vínculo: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=6775; uno de sus propósitos es provocar un impacto positivo tanto para los ciudadanos como para las instituciones públicas.

Otros ejemplos similares son los más de 50 sitios en internet que pueden encontrarse y que buscan sistematizar la información pública necesaria en cuanto a COVID-19.

Sin embargo, según nos parece, no cuentan con una estructura equilibrada, homogénea y clara que permita apreciar la misma información en cada uno de los Estados, generar comparativas y adoptar mejores prácticas y mediciones. Incluso muchos de los referidos sitios no son reconocidos como páginas oficiales de las entidades federativas, lo que conlleva el riesgo de pasarlos por alto y no servir al propósito al cual están destinados.

Por ello, desde nuestra óptica, se deben sumar esfuerzos y talentos para formar plataformas con mayor calidad, con información más concreta y estandarizada, en suma, información que sea de utilidad.

Ahora bien, la experiencia indica que, con la transparencia proactiva se construye conocimiento público, el cual es una verdadera herramienta que promueve la participación ciudadana en los asuntos que a todos nos interesan y en la fiscalización y vigilancia hacia las autoridades.

Por tanto, nos parece que, poner al alcance de grupos específicos información relevante y útil, conlleva que exista constantemente una mayor difusión de datos por distintos medios, ya sea a través de páginas de internet o por otros instrumentos (carteles, periódicos, televisión, etc.), siempre que se cumpla con criterios como los siguientes:

• Que pongan al alcance de la población información pública de manera intuitiva.
• Que utilice un lenguaje sencillo.
• Que sea claro el objetivo de utilidad pública.
• Que este objetivo se vea fortalecido mediante canales de retroalimentación permanente.

En ese orden de ideas, no sólo se trata de hacer públicos los datos que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga, sino que resulta indispensable la generación de programas, proyectos y acciones que informen de manera pertinente a la población, para que puedan tomar conciencia respecto a las medidas de protección de su salud.

Lo expuesto no deja de reconocer las limitaciones que se presentan en términos de infraestructura, recursos humanos, materiales y financieros en cada una de las entidades del país y en los diferentes niveles de gobierno ante la contingencia sanitaria. Ello, representa un verdadero reto que ha puesto en dificultades el accionar de las autoridades sanitarias y de gobierno, ya que la pandemia ha rebasado los límites y previsiones que -incluso en el mejor de los escenarios- pudimos prever.

No obstante, debemos reconocer que las instancias gubernamentales tienen como prioridad el cuidado de la salud, la integridad y la vida de la población, por lo que están llamadas a promover, con todos los medios a su alcance, los mecanismos necesarios para generar una adecuada red de información que permita construir conocimiento y amplificar las capacidades de la sociedad con herramientas prácticas y sobre todo acordes a nuestro entorno socio-económico.

Al día de hoy, nos parece que se ha librado una primera batalla para hacer pública la información relevante frente al coronavirus, pero todavía estamos lejos del objetivo deseado, por lo que habremos de insistir en la necesidad de una autentica apertura informativa que sea útil para la toma de decisiones de la ciudadanía y más aún, para exigir cuentas a las autoridades, sustentados en datos completos, confiables, certeros y oportunos.

Miguel Ángel Gutiérrez Salazar