Producto de la voluntad política y de un amplio consenso en el Senado, el jueves pasado se aprobó con escasa resistencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública derivada de la reforma constitucional en la materia. Con una estructura muy similar a la de la Ley General, la nueva normatividad federal lanza desafíos enormes en términos presupuestarios, técnicos y organizativos a la vez de que plantea algunas interrogantes sobre la ruta de su implementación.
La Ley Federal busca transparentar la gestión pública, fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades públicas, promover la cultura de la transparencia y fomentar iniciativas de gobierno abierto. En este sentido se detallan las atribuciones del órgano garante nacional y de los integrantes del pleno, se establecen las atribuciones, procedimiento de elección, criterios de integración y periodo de duración del consejo consultivo del INAI; se detallan las funciones y conformación de las unidades de transparencia y los comités de transparencia de las entidades y dependencias de la administración pública federal; se añade un capítulo destinado a gobierno y justicia abierta; se especifican los procedimientos de acceso a la información así como de denuncia por incumplimiento de información, reserva, clasificación y desclasificación de información así como información confidencial y se establecen los procedimientos para aplicar medidas de apremio y sanciones así como criterios generales para determinar el monto de las mismas.
El contenido de esta Ley es un reflejo de la experiencia acumulada en la materia y del ánimo por evitar las resistencias y la opacidad de los entes que reciben recursos públicos. Sin embargo, es en ese ánimo que se detallan nuevas obligaciones de transparencia que indican la publicación de índices, estadísticas, registros, catálogos y demás; es decir, más de 260 nuevas obligaciones, adicionales a las que ya preveía la ley general, para los tres poderes públicos, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos. Obligaciones que requieren la producción de esa información, la generación de capacidades y la generación de una nueva cultura dentro de la administración pública federal. En cambio, según el diseño normativo, el incumplimiento de este vasto catálogo amerita multas y sanciones que poco contribuyen a las dinámicas de generación de información.
Para que la transparencia y el acceso a la información sean una realidad habría que garantizar las herramientas presupuestarias, humanas y tecnológicas necesarias para la aplicación de las nuevas leyes. Además, habría que especificar cuestiones poco claras en la normatividad hasta ahora aprobada como las facultades del Sistema Nacional de Transparencia y el alcance de sus decisiones, el procedimiento que seguirá el recurso de revisión del consejero jurídico en materia de seguridad pública así como la vinculación de esta ley con las leyes generales de archivos y datos personales y con el Sistema Nacional Anticorrupción y la ley general de responsabilidades aún pendientes.
Es una buena noticia que el Congreso quiera avanzar en la agenda por la transparencia antes de que termine el periodo de sesiones. Ojalá y se tome en cuenta los factores necesarios para el éxito de su implementación.
