En los primeros días de diciembre se publicó la Métrica de la Transparencia 2014, un ejercicio de evaluación realizado por un grupo de investigadores del CIDE a través del cual se puede tener una fotografía de la transparencia en el país.

No es la primera vez que se hace una medición sobre el acceso a la información en las entidades de la República, de hecho, existen diversos índices destinados a hacer diagnósticos y recomendaciones para mejorar la política de transparencia en México. Sin embargo, en Métrica 2014 no solamente se puede tener un panorama en conjunto de las cinco dimensiones evaluadas (calidad normativa, portales -información pública de oficio-, solicitudes de información, capacidades institucionales de los órganos garantes y sujetos obligados) sino que además se puede echar un vistazo sobre la transparencia en los tres poderes públicos, los tres órdenes de gobierno y algunos órganos autónomos además de tener acceso a una amplia base de datos, mapas y reportes exclusivos por entidad federativa.

En el contexto de cambio normativo derivado de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, las recomendaciones que se desprenden de este trabajo son bastante enriquecedoras y por su oportunidad, merecen atención y debate. Por ejemplo, en la dimensión normativa se constata que los diez años de ejercicio del derecho de acceso a la información en México ha dado sus frutos: la utilización de lineamientos ha logrado suplir deficiencias en materia de leyes de transparencia por lo que los límites de la norma ya no son un pretexto para impedir el acceso a la información. Sin embargo, la dispersión en leyes y ordenamientos que regulan la política de transparencia lanzan el enorme desafío en lo concerniente no solamente a la armonización que habrá que realizarse tras la aprobación de la ley general de transparencia sino en el funcionamiento mismo del sistema nacional de transparencia. El estudio documenta el divorcio existente entre los archivos y el acceso a la información al exhibir el bajo reconocimiento del mandato de los sujetos obligados para documentar todos y cada uno de sus actos de autoridad.

El estudio detecta avances en lo referente al cumplimiento de la llamada información pública de oficio, es decir, la información que por ley debe ser pública, así como la utilización y publicidad de indicadores, sin embargo, se evidencia que aún existen fuertes asimetrías no solo entre poderes públicos sino también entre órdenes de gobierno. Un reto importante en la materia es la accesibilidad del ciudadano y el uso de formatos abiertos, situación que aún no logra permear en las prácticas institucionales y cultura de los funcionarios públicos.

En cuanto a la calidad de las respuestas obtenidas a través de solicitudes de información es relevante mencionar el avance logrado a través del uso común de una plataforma electrónica para obtener respuestas en línea y el cumplimiento legal en los tiempos de respuesta. Sin embargo, tal y como se documentó en un ejercicio anterior (Métrica 2010), la calidad de la información recibida por el ciudadano aún puede mejorarse no sólo a través de la pro-actividad y de otros mecanismos que no se limitan al uso de nuevas tecnologías (dado el acceso restringido a internet) sino también a través de la mejora sustancial de contenido ya que en muchas ocasiones se detectó que la información que se entrega al ciudadano era equívoca. Esto pone sobre la mesa el enorme desafío de la capacitación de sujetos obligados y unidades de enlace.

Finalmente, en cuanto a las capacidades institucionales de los órganos garantes de acceso a la información se recomienda que éstos cuenten con mecanismos de rendición de cuentas y que además se mejore la especialización de todos sus integrantes: la autonomía de iure no es suficiente sino hay una autonomía de facto y las capacidades de los funcionarios encargados de velar por el derecho fundamental del acceso a la información así como la experiencia acumulada hasta ahora, será determinante para contar con sistemas de transparencia acordes a la reforma pero sobre todo a las exigencias de los ciudadanos.