La organización rechazó la orden de un juez del Supremo de Brasil de investigarla por “una posible malversación de recursos públicos” en una investigación de corrupción masiva.
Transparencia Internacional alertó este martes sobre “las injustas represalias” que está enfrentando tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, que destacó los retrocesos en la lucha de Brasil contra la corrupción y generó la posterior orden de un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de iniciar una investigación contra esta organización.
Según la ONG, su trabajo anticorrupción en este país ha generado esta reacción que “ha escalado a un nivel inquietante”, dijo un comunicado.
El magistrado del STF, José Antonio Dias Toffoli, ordenó el lunes iniciar una investigación contra Transparencia Internacional argumentando “una posible malversación de recursos públicos” por parte de la organización y “sus respectivos responsables”, relacionados con los pagos de multas de los acuerdos de indulgencia firmados por el caso Lava Jato, una investigación que sacó a la luz un esquema de corrupción masiva en empresas estatales brasileñas hace casi una década.
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, dijo que la solicitud de investigación coincidió con la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción, una semana antes, la cual “estuvo acompañada de fuertes críticas por parte de la Capítulo brasileño, que destaca las decisiones del poder judicial que han perpetuado la impunidad generalizada de los esquemas de corrupción a gran escala que afectan a numerosos países”.
Pero añadió que no se dejarán intimidar ni dejarán de denunciar la corrupción y expresó, según el comunicado, la “plena confianza y apoyo” a su capítulo brasileño “ante un nuevo ataque”.
Según la organización, su análisis “apuntó concretamente a la reciente decisión del ministro de invalidar todas las pruebas del acuerdo de clemencia con Odebrecht y suspender la multa multimillonaria por tramas de corrupción a gran escala contra este grupo constructor”, actualmente conocido como Novonor, y J&F Investment, matriz de JBS.
La organización lamentó las acciones legales que, según señala el texto, “están basadas en acusaciones infundadas e información falsa”, y las cuales fueron negadas por Transparencia Internacional e insiste en que “las campañas de difamación” se están intensificando cada vez más.
Fuente: Voz de América
