Hoy día 93 países cuentan con una ley de transparencia y acceso a la información, y México y la India ocupan los primeros lugares en la clasificación que mide la fortaleza de dichas leyes, según el índice elaborado por el Centre for Law and Democracy de Canada.
Es por ello que, en el contexto de la reforma constitucional en transparencia que está por aprobarse en el Senado, el IFAI decidió dedicar su 10ª Semana Nacional de Transparencia a hacer una reflexión comparada de las experiencias en la materia de estos dos países que comparten circunstancias y problemáticas sociales comunes, a pesar de las enormes diferencias culturales, políticas e históricas que los distinguen. México e India han transitado por caminos similares en la construcción del derecho de acceso a la información para convertirlo en un derecho fundamental y en una herramienta de la población para ampliar su conocimiento sobre las decisiones que toma el gobierno y la forma en que éstas la benefician o perjudican.
En ambos casos, sus leyes de acceso a la información fueron producto de una fuerte y decidida movilización de organizaciones civiles. En la India, reconocidos activistas que trabajaban a favor de los grupos marginados promovieron el acceso a la información para convertirlo en un derecho fundamental y construir gobiernos más participativos, que rindan cuentas y para combatir la corrupción. En México, en 2001, reconocidos periodistas, miembros de organizaciones sociales y académicos, reunidos en el Grupo Oaxaca, formularon un decálogo de principios que derivó en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ambos países tienen una estructura de gobierno federalista, por lo que existen leyes federales y estatales y órganos garantes de la transparencia en los dos niveles de gobierno y esta circunstancia ha hecho que exista una diversidad de procedimientos y prácticas en el ejercicio de este derecho fundamental. La centralidad que ha cobrado el tema del acceso a la información en ambos países explica que hoy compartan, por ejemplo, la discusión sobre los partidos políticos como sujetos obligados de transparencia. En México los partidos han sido sujetos obligados desde el 2007, pero de manera indirecta, es decir, a través del IFE.
Sin embargo, esa situación ha diluido la responsabilidad de los partidos frente a la sociedad, porque las solicitudes de información se hacen directamente al IFE y no a los institutos políticos y también porque al ser un órgano federal sólo puede vigilar el cumplimiento de las normas de transparencia en ese ámbito. Otro debate es el relativo al secreto fiscal, un tema que hoy empieza a discutirse en distintas latitudes en razón de la conveniencia de analizar en qué circunstancias debería desclasificarse la información sobre los impuestos que pagan los contribuyentes.
En México este tema ha suscitado fuertes controversias, sobre todo en el terreno de las cancelaciones o condonaciones de los créditos fiscales, lo que supone que el Estado deje de recabar impuestos de personas, e incluso de entidades públicas. La autoridad recaudadora declara una suerte de amnistía por motivos prácticos de capacidad de cobro, pero la sociedad no puede conocer a quiénes y por qué montos se les “perdonaron” los impuestos, porque es información protegida por el secreto fiscal, amparado por una total oscuridad legal. El IFAI ha emitido resoluciones, invocando el interés público de abrir la información de los impuestos no cobrados, porque se trata de recursos que al no recibirlos el Estado, se traducen en auténticos gastos fiscales, justo al revés. La buena noticia es que se ha anunciado que, como parte de la reforma hacendaria, se reformará el Código Fiscal de la Federación para difundir los nombres de quienes tienen deudas fiscales, a manera de rendir cuentas sobre las tareas de los órganos recaudadores y también para inhibir el incumplimiento de las obligaciones fiscales de personas y de empresas.
La 10ª Semana de Transparencia del IFAI, del 2 al 4 de octubre, permitirá debatir sobre los alcances y las consecuencias de la reforma constitucional en puerta, pero además, la discusión pondrá como referente a la India, país reconocido como ejemplar en este rubro. Este ejercicio comparado nos permitirá elevar los niveles de exigencia en el análisis de nuestros avances y retos en transparencia.
Jacqueline Peschard-El Universal
