En días pasados, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, presentó una propuesta para hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, los tres poderes y los órganos autónomos.
Esta iniciativa encuadra muy bien en el marco de la reforma anticorrupción y de transparencia. Sin embargo, el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación no aprobó la sentencia del ministro Cossío y, por lo pronto, se ha perdido una gran oportunidad para avanzar en esta materia.
El argumento es que las declaraciones se encuentran en el ámbito de la vida privada y la intimidad de las personas; sin embargo, debemos recordar que, en el caso de los servidores públicos, que manejan recursos de todos los mexicanos, existen razones de interés público que deben ser tomadas en cuenta para ponderar la necesidad de conocer esta información.
No se trataría de revelar datos personales o sensibles de los funcionarios; por el contrario, existen leyes que protegen estos datos y la publicidad de esta información no podría contravenir esta normatividad.
No obstante, dado el nivel de corrupción que vive nuestro país, es conveniente que los gobernados conozcan la situación de sus gobernantes antes de ingresar a los cargos y después de la conclusión de su gestión pública.
De esta manera, la sociedad conocería la evolución patrimonial de todos los funcionarios de los gobiernos, para comprobar que la administración de los recursos públicos se lleve a cabo de manera lícita.
Así, se evitarían casos de enriquecimiento inexplicable, como los que actualmente están en el escrutinio público, que verdaderamente son un escándalo para la vida democrática de nuestro país y lastiman nuestra integridad como nación.
La transparencia de las declaraciones patrimoniales tiene que ver con la rendición de cuentas de los servidores públicos. Por lo tanto, esta medida sería de gran ayuda para combatir la corrupción.
Debemos tener presente que en las campañas políticas los candidatos hacen pública su esfera familiar, su calidad moral y, en un sentido implícito, su patrimonio. En este contexto, se puede añadir la obligación formal de hacer pública su situación patrimonial a su llegada al cargo, en una versión que pueda ser conocida por la ciudadanía (versión pública), sin dañar su intimidad.
Asimismo, existen elementos o bases legales que pueden servir de fundamento para reglamentar la transparencia de esta información. Por ejemplo, las convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción se pronuncian por la divulgación irrestricta de la declaración patrimonial.
Además, dentro de las propuestas de la reforma anticorrupción está la de crear el Registro Nacional de Declaraciones Patrimoniales, que sería un concentrado en donde se podría realizar las consultas en versiones públicas.
Finalmente, la decisión de la Suprema Corte puede representar un retroceso en casos como el de Morelos, donde la normatividad ya exige la transparencia de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Con esta decisión de los magistrados, podría, incluso, reformarse la ley en esta entidad para ya no presentar la situación patrimonial de los servidores públicos a la sociedad.
Conocer la información de las declaraciones patrimoniales es relevante para la salud pública de nuestro país. Con esta información disponible, la ciudadanía podría realizar funciones de control y fiscalización social, conminando a los gobernantes a utilizar los recursos de manera adecuada y eficiente.
