Por: Joel Salas*

Durante lo que resta del 2015, los estados deberán homologar sus legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública a lo establecido en la Ley General de la materia, promulgada el pasado 4 de mayo y que entrará en vigor en 2016. En estos procesos de homologación legislativa los comisionados de los órganos garantes serán pieza clave y, por ello, las formas en que sean designados deben ser ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y colaboración con la sociedad.

Los riesgos de regresión en materia de transparencia son reales. En primer lugar, los vivimos en la etapa final del proceso de confección de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La redacción de esta Ley comenzó como un proceso inédito de parlamento abierto en nuestro país, pues reunió en la misma mesa de trabajo a senadores y a sociedad civil organizada especialista en la materia. Sin embargo, la iniciativa de Ley que surgió de este proceso enfrentó resistencias e incluso hubo quien se opuso a los aspectos de vanguardia que incluía para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información de la población.

En ese contexto, los comisionados que integramos el pleno del INAI dimos la batalla con diversos aliados para evitar regresiones. Por ejemplo, hicimos público un decálogo de lo que no podía omitirse en la Ley General (http://on.fb.me/1QaoRZ7), al tiempo que acudimos a los medios de comunicación para exponer nuestros argumentos.

En segundo lugar, somos testigos de que estos intentos de regresión se repiten en los estados. En particular, un par de entidades pretendieron designar a puerta cerrada y sin transparencia a los comisionados de los órganos garantes locales. Ahora es tiempo de defender la transparencia y el acceso a la información pública a nivel local. Debemos vigilar tanto el proceso de homologación de la legislación local, como la designación de sus comisionados. En aquellos estados cuya legislación en la materia no respete el espíritu del artículo 6° constitucional y los avances de la Ley General, los comisionados y la sociedad civil en las entidades federativas ¿saldrán a los medios de comunicación locales a manifestar posibles regresiones?, ¿debatirán con los diputados locales?, ¿publicarán lo que consideren el piso mínimo que debe contener su legislación?

Ante estos llamados de atención, el INAI en colaboración con el Senado de la República y organizaciones de la sociedad civil en breve pondremos en marcha un Observatorio Nacional que dará seguimiento a los procesos de homologación legislativa en los estados y la designación de los comisionados locales por parte de gobernadores y legislaturas.

Pese a los embates para darles marcha atrás, las iniciativas de algunos senadores han establecido un piso mínimo en ambas materias. Por un lado, al redactar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública convocaron a la sociedad civil a su redacción en un ejercicio de parlamento abierto y, posteriormente, realizaron audiencias públicas para comentar la iniciativa de Ley. Por otro lado, el proceso mediante el cual fuimos electos los actuales comisionados del INAI también fue inédito. Tras la convocatoria abierta del Senado, los que nos inscribimos fuimos evaluados en audiencias públicas y miembros de la sociedad civil entregaron una lista de los candidatos que consideraron más aptos para desempeñar los cargos.

Los procesos estatales de homologación y designación de comisionados deben ser procesos transparentes y abiertos, de frente a la sociedad. La designación sin el aval de la sociedad puede minar su credibilidad y de no darse una gestión afortunada, la ley de transparencia pronto podría convertirse en letra muerta en algunas entidades federativas.

Una vez puesto en marcha, este Observatorio Nacional requerirá de todo aquel que desee colaborar a consolidar el derecho de acceso a la información pública en cada estado de nuestro país, por lo que los invito a estar pendientes del lanzamiento de esta iniciativa para sumarse a ella y difundirla.

*El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.