Esta semana un medio de comunicación nacional hizo público que la gubernatura de Sonora había reservado nueve expedientes con información variada. Tengo en mi poder las solicitudes de información y la respuesta oficial.

La contestación de la solicitud con folio 00162614 señala: “(…) en respuesta de su solicitud, le informo que en las Unidades de Apoyo directamente adscritas al titular del Poder Ejecutivo del Estado, en lo que respecta a esta administración y con fundamento en lo ordenado por los artículos 18, 19, 21 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, aplicables al momento de la clasificación, se han elaborado 09 Acuerdos de Reserva (…)”.

Entre los argumentos que aportan para justificar la no divulgación de la información señalan que se estaría poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, que se pondría en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de las instituciones del Estado de Sonora, que se podría generar un impacto negativo, causar daños o perjuicios al interés general del Estado, entre otras causales de reserva.

A partir de entonces, el solicitante hizo una nueva solicitud preguntando los títulos de los acuerdos o los asuntos reservados y el periodo establecido.

Es así que se ha podido conocer que el Gobierno del Estado se niega a hacer pública, por ejemplo “Información referente a los contratos de asesoría que celebra la Secretaría de Comunicación Social del Ejecutivo Estatal” (sic).

¿Por qué reservar por seis años contratos de asesoría? ¿Cómo esperan que en la opinión pública no se levanten suspicacias? ¿De qué forma por mostrar esa información se pone en riesgo el interés general del Estado?

¿Esas “asesorías” en materia de comunicación son “chayotes” disfrazados? ¿en qué consisten? ¿de ahí se les paga a los “periodistas” oficiales? ¿cuáles son las condiciones contractuales?

No sé ustedes, pero yo sí creo que es un asunto de interés público conocer el destino de los recursos de todas y todos, especialmente si terminan en los bolsillos de aduladores profesionales o “gatilleros” de la palabra.

Por otra parte, es un arma de dos filos reservar por 10 años quiénes son los beneficiarios del fideicomiso para los afectados de la guardería ABC. Es de entenderse que la autoridad debe resguardar los datos personales de todas y todos. Es su obligación. Sin embargo, hacer pública una lista de beneficiarios (como la de cualquier programa oficial) permite evitar actos de corrupción. ¿Y si un afectado en la realidad recibe 10 mil pesos y se reporta que se le está otorgando 50 mil? ¿Y si existen beneficiarios “fantasma” o personas que simplemente no deberían recibir recursos?

Solamente la transparencia permite controlar esas situaciones. Si en 10 años nos enteramos de lo que sucedió ya no será posible deslindar responsabilidad alguna.

Actitud transparente

Un Gobierno que respeta el principio constitucional de máxima publicidad busca la apertura como prioridad. Toda la información de los gobiernos, por regla, es pública y la reserva debe ser excepción. El Gobierno tiene la obligación de demostrar con suficiencia el daño que causaría su divulgación.

Un Gobierno que es transparente busca otorgar información a manos llenas hasta donde le sea posible.

¿Es riesgoso entregar información sobre las características y detalles de los vehículos asignados a secretarios y subsecretarios?, por supuesto, pero en aras de esa actitud y el “compromiso” se pudiera entregar una lista no relacionada entre quiénes tienen carros asignados y, en otra los detalles de modelo, marca y características generales.

¿Es riesgoso entregar información sobre los guardias de seguridad de casa de Gobierno? Por supuesto. Al igual que detalles sobre la logística de seguridad del mandatario. Sin embargo, el número de personal que trabaja en otras labores en casa de Gobierno e incluso cuánto nos cuesta, debería ser completamente pública.

En La Lupa: Contrasta

Contrastan los premios a la innovación en transparencia y todo lo que el Gobierno de Sonora los presume y la resistencia a abrir información.

Toda innovación se opaca si se incumple en lo básico.

Esos nueve acuerdos de reserva solamente son de la Oficina del Ejecutivo. ¿Cuántos habrá en el resto de las dependencias y organismos?

Fuente: El Imparcial