Una coincidencia entre todos los que promovemos la transparencia de la información pública es que su existencia es una condición deseable en las sociedades modernas y, en el caso mexicano, una urgencia esperanzadora vista como herramienta para facilitarnos la solución de cierto tipo de problemas colectivos.

Si bien nuestro país empezó unos 236 años más tarde que los primeros casos de transparencia en el mundo, también es cierto que cuando detonamos esta política en el 2002, esperamos que hubiera algunas evidencias sensibles de su beneficio social en el mediano plazo.

Muy al principio del siglo los especialistas, académicos y activistas sociales describían todo tipo de potenciales ventajas que traería consigo la transparencia. Destaco las tres más importantes:

1. Función catalizadora: facilitaría los procesos e intercambios sociales, toda vez que, uno de los postulados de la cultura occidental de libre mercado nos anticipaba que el sistema funcionaría mejor si los decisores tuvieran la información más completa y confiable posible.

1. Función política: permitiría una mejor distribución social del poder, es decir, mejoraría nuestro modelo democrático, pues la información disponible permitiría el análisis con retrospectiva para revelar cómo han sido y quienes han encabezado los aciertos y errores en el manejo de lo público, permitiendo asignar premios y castigos consecuentes que, progresivamente, incentivarían a nuestra estructura democrática hacia las elecciones públicas más eficientes.

1. Función correctiva: contribuiría a reducir la asimetría de información entre gobernantes y gobernados, permitiendo cálculos prospectivos, en donde los servidores públicos perderían incentivos para la comisión de irregularidades por la alta probabilidad de ser descubiertos, denunciados y sancionados.

Conforme ha pasado el tiempo he escuchado menos entusiasmo sobre las expectativas del acceso a la información pública, incluso de las mismas voces que antes proclamaban aleluyas. Ya no escucho largas listas de ventajas potenciales. De hecho, muchos de los entusiastas originales hoy se ven más modestos y han preferido señalar que la transparencia nunca fue pensada para cumplir las funciones antes señaladas, sino sólo como efecto coadyuvante.

Yo me declaro todavía un optimista. Quizá se deba a que, como activista social, mi contacto permanente con distintas realidades humanas me ha convencido que la tardanza en las consecuencias benéficas del acceso a la información no se debe a que la transparencia sea intrínsecamente limitada o defectuosa, sino más bien a que ¡todavía no la hemos estrenado!

Hay una sencilla razón:

Todo lo que hemos hecho desde el 2002, pasando por las leyes de transparencia estatales, la aparición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015, la inauguración de la Plataforma Nacional de Transparencia en 2016 y todo lo que falta con la progresiva homogeneización de los sitios web de todo el país, que sucederá entre 2016 y 2017, todo, todo eso, está pensado para  INCREMENTAR LA OFERTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, PERO NO LA DEMANDA.

Recuerdo mi desprecio al primer cochecito de control remoto que tuve. Estaba bonito, pero no funcionaba. Lo aventé incluso. Con el tiempo descubrí que el cochecito no estaba descompuesto, nunca lo estuvo, simplemente  que a los Reyes Magos se les olvidó incluirle pilas.

Si queremos acelerar los beneficios de la transparencia en México no basta con que exista, como oferta, sino que se use, que haya demanda. Necesitamos ser muchos más usando la transparencia, no sólo un puñado de especialistas, académicos o activistas.

Será en otros momentos en que analice con detalle esta debilidad en la política nacional de transparencia, que se diseñó bajo la suposición de era suficiente exhibir la información de oficio en internet para que el acceso a la información ocurriera de forma sistemática. Se pasó por alto que una sociedad sin ninguna tradición de participación en asuntos públicos necesita un tratamiento especial para que se genere la demanda masiva de información que necesita el Sistema  Nacional de Transparencia (y, de paso, también el Sistema Nacional Anticorrupción) para producir las bondades esperadas de él.

Necesitamos promover la TRANSPARENCIA ACTIVA, en la interpretación que hemos propuesto algunos, donde no se piense solamente como el acto mecánico de publicar lo que de oficio corresponde, sino en detonar un binomio compuesto por la información publicándose (instituciones) y usándose (ciudadanos) de manera masiva. Que la información pública exista y que se use por parte del mayor número posible de personas.

La palabra “transparencia” ya es conocida por buena parte de los mexicanos. Es bueno que se conozca, es bueno que se escriba y se hable de ella, pero no es suficiente. Necesitamos llevarla a otro nivel, necesitamos que se use masivamente.