La mayor banda de extorsión en México sobre negocios medianos y pequeños no son los zetas, sino las autoridades corruptas en municipios y delegaciones. El proyecto de Justicia Cotidiana, coordinado por el CIDE, puso luz en una llaga abierta de nuestra sociedad y economía: el espíritu empresarial de nuestro país está castrado por la ubicua voracidad de tribunales y gobiernos locales que extraen rentas de la economía legal.
“Decidí no dar mordida. El precio de mi decisión fue pagar un año de renta, con todo listo, pero sin tener el permiso para poder abrir mi negocio”. El testimonio es de una empresaria del Distrito Federal que me pide no dar mayores referencias sobre su giro o la delegación donde se prolongó por 12 meses su trámite de apertura. Al ver algunas entrevistas en video del proyecto de Justicia Cotidiana parecería que las personas grabadas a cámara son soplones de la mafia que buscan permanecer en el anonimato con sus rostros borrosos en las pantallas. Sin embargo, los testimonios grabados no son de testigos protegidos sino de personas que anhelaban transformar en realidad sus aspiraciones empresariales. Por miedo a represalias burocráticas o judiciales, varios de los empresarios entrevistados optaron por aparecer con su identidad oculta.
Como sostiene Salomón Chertorivski: “Quien arriesga su dinero y patrimonio, quien invierte, y produce, dentro del marco de la ley… es un agente del bienestar colectivo”. Una de las obligaciones primordiales del Estado debería ser proteger a la economía legal como un bien público fundamental. Sin embargo es la propia autoridad quien se dedica a obstaculizar la inversión y vulnerar la economía formal.
Un empresario, grande o pequeño, es una persona con vocación de enfrentar riesgos y adversidades. Las condiciones de mercado o la competencia son algunos de los retos inherentes que enfrentan el dueño de un modesto taller o el CEO de una empresa con operaciones globales. En un Estado donde el derecho es una norma cotidiana, la autoridad es un referente de confianza y certeza. Donde no hay derecho, las autoridades se convierten en una fuente adicional de incertidumbre. Para un empresario modesto, sin un departamento jurídico que lo defienda, un acto de arbitrariedad de un juez o un inspector puede significar la tumba de su vocación emprendedora.
En Tijuana, el municipio regula que la pintura de las paredes deba permitir su “fácil limpieza”. Los inspectores, expertos en higiene visual, determinan el destino de un negocio en función del color de los muros. En Guadalajara, el reglamento de giros comerciales establece que el uniforme de trabajo en una estética debe ser de pantalones y blusa de botones para el personal femenino. Una mujer de falda y suéter que trabaje en un salón de belleza de la capital de Jalisco estará infringiendo las reglas del ayuntamiento. La motivación detrás de estas reglas tan obtusas no es la estupidez sino la corrupción.
En 2002, Georgia ocupaba el lugar 85 en el Índice Global de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Para 2014, este país de Europa del Este alcanzó la posición 50 para convertirse en uno de los casos de avance más exitoso en esta medición. El ex primer ministro Nika Gilauri transformó la mentalidad de los trabajadores de gobierno de burócratas a servidores públicos. Si a un pequeño empresario le faltaba un trámite o documento para poder abrir un negocio de bajo impacto social o ambiental, el propio servidor público tenía la obligación de encontrar el documento en las bases de datos del gobierno y realizar él mismo el trámite. La carga de cumplir con los requisitos del proceso de apertura pasó del ciudadano al gobierno. Con frecuencia, quitar regulaciones absurdas como los uniformes de una peluquería o los colores de un muro pueden reducir más la transa que el mejor fiscal anticorrupción del mundo. ¿Qué hará México con su cártel constitucional de la extorsión?
@jepardinas
