Desde el inicio de su gestión, el Gobierno del Presidente Enrique Peña ha estado constantemente desafiado por la corrupción. El publicitado Pacto por México generó consensos y trazó una ambiciosa ruta de reformas necesarias para el país pero dio muy pocas respuestas sobre cómo evitar la impunidad, cómo mejorar el desempeño institucional, cómo justificar el uso de los recursos públicos o cómo aumentar y exigir responsabilidades, es decir, cómo rendir cuentas a la ciudadanía. Vino entonces la Comisión Anticorrupción, pero una vez formulada y votada en el Senado, se confirmó que el problema público estaba mal diagnosticado: se trataba de una institución que hacía muy poco por prevenir y corregir comportamientos abusivos o fallas institucionales y que por el contrario, se optaba por la ruta de la legitimación y el control político a través de una peligrosa “cacería de brujas”. Afortunadamente el proyecto quedó varado en el Congreso. Pero entonces el Gobierno decidió dejar de hablar del problema, como si el olvido fuera la solución. En el Segundo Informe de Gobierno, el brillo de los logros se vio opacado por la ausencia de propuestas en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sin duda hay avances muy importantes en materia de transparencia y acceso a la información, contabilidad gubernamental, propuestas para crear un sistema nacional de fiscalización, apertura en la discusión del presupuesto y apertura económica de sectores estratégicos como el energético y el de telecomunicaciones pero las piezas faltantes, es decir, el funcionamiento de un sistema de rendición de cuentas que garantizarán que estas reformas funcionen y no generen más abusos, está fuera de agenda. Lo que sí está a la vista son las consecuencias de la ausencia de rendición de cuentas: la falta de acceso a servicios de calidad, la falta de responsables cuando suceden absurdos como Iguala o Tlatlaya, la falta de acceso a un debido proceso legal por parte de amplios sectores de la población son sólo algunas de sus múltiples manifestaciones.
Pierre Rosanvallon, reconocido profesor del Colegio de Francia, acuñó el término de “contra-democracia” para señalar las debilidades de los sistemas democráticos frente a la creciente desconfianza ciudadana. Las tres modalidades de esta nueva democracia que se ha formulado y exigido en diferentes latitudes y que ha generado nuevas instituciones de control, ha promovido el acceso a la información y ha producido nuevas dinámicas sociales. Esta democracia es aquélla que no se limita al simple acto de la elección de los representantes, sino que amplía los poderes de vigilancia, de denuncia y de juicio ciudadano sobre el ejercicio y los actos de gobierno, generando consecuencias. Este tipo de democracia pretende restaurar el vínculo representativo y desafiar con hechos la desconfianza con la que vivimos cotidianamente.
La Red por la Rendición de Cuentas ha propuesto una política pública que permita que los ciudadanos accedan de manera sencilla y oportuna a información útil, que conozcan las razones y los argumentos que se encuentran detrás de toda decisión pública. Ha planteado que las decisiones públicas deben de ir acompañadas de explicaciones y justificaciones razonables que permitan conocer los resultados y consecuencias de las mismas. También ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar mecanismos que acaben con prácticas deleznables como “los moches” o las licitaciones amañadas. El buen ejercicio de los recursos públicos permite delimitar responsabilidades, brindar incentivos positivos para una adecuada gestión y en su caso, detectar a tiempo, sancionar pero sobre todo corregir conductas corruptas o contrarias a derecho. Para fortalecer sus propuestas y conocer experiencias internacionales de éxito, la Red ha convocado al Seminario “Diseño de política pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción” que se realizará el próximo 20 y 21 de octubre en la Ciudad de México. Es tiempo de dar respuestas y de rendir cuentas a la ciudadanía.
