La Sala Especializada determinó la responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, por este tipo de expresiones. No obstante, recordó también que el mandatario no puede ser sancionado.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en al menos 11 mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El proyecto aprobado señaló que las expresiones en las que el titular del Ejecutivo Federal afirma que Xóchitl Gálvez obtuvo una candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretende causar simpatía en el electorado, se actualizan los parámetros de la infracción.
Lo anterior porque se aplicó violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos y no es autónoma en sus decisiones, con lo que, además se niega a reconocer su trayectoria como funcionaria pública.
En consecuencia, la Sala Especializada determinó la responsabilidad del Presidente por este tipo de expresiones, no obstante, se recordó que el mandatario mexicano no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza, de acuerdo con criterios establecidos por la Sala Superior del TEPJF.
Por ello, tampoco le fueron dictadas medidas de reparación integral como la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del INE.
Por otro lado, el Pleno también responsabilizó de la conducta a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia; Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento (ambos, adscritos a la coordinación citada), así como a Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y a Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, pues estuvieron a cargo de la difusión del contenido infractor.
En su caso, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que en derecho corresponda y se determinó su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género durante un año y medio.
Fuente: El Economista
