La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción representa –desde nuestro punto de vista- un paso importante rumbo a un cambio estructural en la conformación de un régimen coherente de rendición de cuentas.

La determinación de los diputados al aprobar el mencionado Dictamen -junto con la más reciente aprobación por el Congreso de la Ley General de Transparencia- constituyen una oportunidad trascendente de mejora en los rubros de acceso a la información, fiscalización de recursos públicos y exigencia de responsabilidades de los servidores públicos.

Según nuestra óptica, el Dictamen en cuestión cuenta con importantes avances para la rendición de cuentas en México. Como muestra, algunas reflexiones:

1. En materia de fiscalización el adelanto es sustantivo ya que no sólo se amplía la materia de atención por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sino que también se le otorgan a esta entidad mayores plazos para que pueda desarrollar con los tiempos suficientes la fiscalización de la cuenta pública.

2. En cuanto a las responsabilidades administrativas creemos que se da pie al rediseño de nuestro anquilosado régimen de responsabilidades, primero con nuevas disposiciones constitucionales y posteriormente con una nueva ley general que unificaría el heterogéneo mosaico de leyes que existen en todo el país.

Este nuevo régimen –al menos en principio- haría más eficaz tanto las investigaciones a cargo de los órganos internos de control, como los procedimientos por faltas graves y actos de corrupción, ahora a cargo de tribunales de justicia administrativa como entidades especializadas de carácter jurisdiccional que buscarían garantizar la imparcialidad y el respeto a las garantías del debido proceso.

Asimismo, este nuevo régimen sería más severo en el castigo de las faltas administrativas graves y los actos de corrupción, ya que los tribunales antes mencionados podrían sancionar incluso a particulares que tengan relación con tales hechos en un plazo de prescripción que según la propuesta actual sería hasta por siete años.

En materia penal, también habría un avance considerable al contar con una nueva fiscalía especializada para la exclusiva investigación de hechos que pudieran constituir un delito vinculado a la corrupción.

3. En el tema preventivo y de control interno el Dictamen plantea evitar las incompatibilidades e intereses sesgados que pudieran tener los servidores públicos estableciendo de forma expresa en la Constitución la obligación de rendir –además de la declaración patrimonial- una declaración de intereses que pueda ser verificada por los órganos de control

En la misma materia de control y prevención, la reforma significaría mayores contrapesos por parte del Poder Legislativo, ya que el Titular de la Secretaría de la Función Pública tendría que ser ratificado por el Senado de la República, quien verificaría su idoneidad y capacidad.

4. La especialidad de los esfuerzos por combatir la corrupción se daría involucrando a los organismos expertos en transparencia, fiscalización y responsabilidades,[1] quienes tendrían que coordinarse al integrar un Comité destinado para tal fin. De forma específica, y junto a dicho Comité se crearía un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, que en su conjunto vincularían esfuerzos para instaurar políticas y programas transversales en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad pública, en los términos que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.

5. El esquema de coordinación propuesto se replicaría en las entidades federativas para construir conjuntamente un sistema funcional, coherente y armónico con elementos normativos e institucionales complementarios para la mejora de los servicios gubernamentales y el combate a la corrupción en nuestro país.[2]

Ahora bien, con base en lo dicho y en los estudios que se han hecho en la materia nos permitimos a continuación formular seis observaciones críticas y puntuales tendentes a fortalecer el Dictamen que crea al Sistema Nacional Anticorrupción:

1. Las nuevas atribuciones que se le reconocen a la Auditoría Superior de la Federación significarán–sin dudarlo- una cuota de trabajo adicional que no sólo requerirá tiempo extra por parte de los integrantes de esa entidad, sino una dedicación especial por el tipo de temas que habrán de atender, ante lo cual se vuelve indispensable otorgarle mayores insumos (económicos, materiales y personales) para que desarrollen su trabajo con la calidad, objetividad y profesionalismo que los caracteriza.

2. El tema de responsabilidades es sumamente complejo. Ya en un trabajo previo señalamos que se requiere una revisión integral de los elementos que integran la responsabilidad civil, política, administrativa y penal (y no sólo de éstas últimas). [3]No es una tarea menor la unificación de normas, procedimientos y prácticas heterogéneas en todo el país. Una opción para lograrlo será verificar el derecho internacional comparado para orientarse con base en alguno de los modelos que ya han tenido éxito en un contexto semejante al nuestro. Además, sería idóneo iniciar con los trabajos de revisión de las leyes de las entidades federativas para ir avanzando respecto a la redacción de los tipos (hoy ambiguos) que la norma general habrá de contener.

3. La jurisdiccionalización de la responsabilidad administrativa es un aspecto importante por cuanto propende a mejorar la calidad de la defensa de los acusados y a asegurar –en la medida de lo posible- un debido proceso. Sin embargo, por sí misma la jurisdiccionalización no asegura que efectivamente se desarrollen procedimientos de investigación certeros y determinantes para la identificación de los sujetos responsables y la comprobación de las faltas o hechos delictivos.

4. El control interno y las medidas preventivas en la administración pública son esenciales para el combate a la corrupción al igual que la autonomía de decisión por parte de los órganos internos de control y la especialización de sus investigadores. Si no contamos con órganos que investiguen de forma profesional, independiente y objetiva, será imposible esperar de ellos que hagan las denuncias correspondientes y menos aún que los tribunales de justicia administrativa estén en condiciones de sancionar a quienes sean responsables.

En este mismo sentido, mejorar la capacitación y profesionalismo de quienes conforman los órganos internos de control resulta una tarea indispensable en el corto plazo para lograr investigaciones de calidad. Hoy en día son servidores públicos sin especialización los que conocen de tales investigaciones, por lo que es imposible alcanzar altos parámetros de excelencia científica en las indagaciones de infracciones administrativas y actos de corrupción.

5. Será un reto trascendente superar rápidamente la curva de aprendizaje que habrán de afrontar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y los tribunales de justicia administrativa; ambas entidades si bien tienen naturalezas distintas (administrativa y jurisdiccional) deberán trabajar de forma coordinada para producir en el corto plazo políticas públicas y criterios jurídicos relevantes. La grave afectación que la corrupción ha generado en el país demandará de ambas entidades resultados inmediatos, de no ser así, pronto se verían enfrentadas a la desconfianza ciudadana tan generalizada ya en diversas instituciones del Estado mexicano.

6. La coordinación y vinculación entre quienes integrarán el Sistema Nacional Anticorrupción no será sencilla, menos aún si tomamos en consideración que existen resistencias y oposiciones que habrán de superarse en las entidades federativas. El trabajo conjunto requerirá de líderes capaces de llegar a consensos y acuerdos que en breves términos venzan tales barreras y faciliten el trabajo de todo el Sistema.

El balance del Dictamen Anticorrupción aprobado por los diputados es positivo, y si bien sólo es el punto de arranque de los cambios indispensables para la construcción de un régimen integral y coherente de rendición de cuentas y combate a la corrupción en México, debe ser visto como una buena noticia.

Creemos que el Dictamen –tal y como se encuentra- cuenta con los requerimientos suficientes para aprobarse por el Senado y las legislaturas de los Estados. Esperamos que los intereses y las conveniencias políticas permitan un avance en esta materia; mientras tanto, consideramos que es indispensable que los académicos y la sociedad civil continuemos desde nuestras respectivas áreas de influencia pugnando por la pulcritud y la eficacia de nuestras instituciones y servidores públicos.

[1] La Auditoría Superior de la Federación; la fiscalía responsable del combate a la corrupción; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); el Consejo de la Judicatura Federal; y, el Comité de Participación Ciudadana.

[2] Sugerimos consultar la importante obra coordinada por Mauricio Merino, Sergio López Ayllón y Guillermo Cejudo: La estructura de la rendición de cuentas en México, IIJ-UNAM, México, 2010, versión digital en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2800/pl2800.htm

[3] A mayor abundamiento puede consultarse mi texto: “Hacia la construcción de un sistema de rendición de cuentas armónico, como mecanismo para el fortalecimiento de la eficacia institucional y el combate a la corrupción en México”, visible en: http://www.asf.gob.mx/uploads/65_Certamen_Nacional_de_Ensayo_Sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas__Trabajos_Ganadores_del_Primer_Certamen_Nacional_de_Ensayo_sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas___Trab/XIIICertamen_WEBb.PDF