Gracias a la relación profesional que mantengo con Once TV — el canal de televisión pública del Instituto Politécnico Nacional— he sabido que su cobertura en televisión abierta está todavía lejos de ser nacional. No llega a todo el país, porque la infraestructura de la que dispone para retransmitir la señal es aún limitada y, aunque es probablemente suficiente para llegar a las principales zonas urbanas y a los municipios más habitados del territorio, alrededor de la mitad de la población que no tiene acceso a sistemas de cable o satélite tampoco puede acceder a la señal del canal cultural y educativo más consolidado de México.

Tomando como base un cálculo más o menos holgado efectuado por el área de ingeniería del (así llamado) Canal 11, puede decirse que el Estado mexicano tendría que desembolsar cerca de mil 200 millones de pesos para conseguir que su señal llegue a todo el territorio nacional. Pero hasta la fecha ninguno de los tomadores de decisiones estratégicas en materia de telecomunicaciones en el país ha considerado indispensable impulsar una inversión de esa magnitud, pues otras prioridades han estado por encima de la posibilidad de que la mejor televisión pública alcance para todos los mexicanos.

Entiendo que hay tres argumentos que se han puesto en contra de una decisión de esa naturaleza: el primero es estrictamente financiero, pues la inversión necesaria no sólo rebasaría con creces el presupuesto asignado a Once TV sino que, en cualquier caso, más de mil millones de pesos es siempre mucho dinero. No obstante, de acuerdo con los datos que ha venido trabajando y publicando Fundar —la organización de la sociedad civil que con mayor vigor ha impulsado la transparencia en México—, entre 2006 y 2010 el gobierno federal gastó más de 19 mil millones de pesos en publicidad oficial, mientras que el gasto de los gobiernos de los estados quizás habría rebasado esa cantidad, aunque sea imposible saberlo a ciencia cierta por la falta de información completa sobre el uso de sus presupuestos locales. Con todo, los datos disponibles para 18 entidades nos dicen que, incluso con los cálculos más conservadores posibles el Estado mexicano habría desembolsado en publicidad oficial más de 30 mil millones de pesos durante el último lustro. El Estado ha gastado 30 veces más en publicidad oficial que lo que costaría lograr que Once TV llegue a todo el país.

No quiero construir un argumento falaz: comprendo que la función de la publicidad oficial no puede compararse con el respaldo que merecería la televisión educativa y cultural del país; y por ningún motivo me atrevería a compararlas o a sugerir siquiera que el Estado puede hacer propaganda a través de la televisión cultural. No se trata de eso. Pero es innegable que esas cifras nos hablan con nitidez de las prioridades que el gobierno mexicano ha decidido adoptar: en lugar de invertir en la televisión pública, cuyo papel es promover la cultura, la educación y la comunicación democrática del país, ha preferido llevar el dinero en carretadas para promover su imagen política y granjearse la simpatía de los medios privados. Añado incluso que podría haber hecho las dos cosas: invertir en la televisión pública abierta y gastar en su propia imagen a través de los medios privados. Pero ha preferido frenar el impulso de la primera y acrecentar los recursos de los segundos.

Un segundo argumento en contra es la supuesta inutilidad de una inversión así, pues Once TV ya llega a todo el país a través de sistemas de paga. Pero en este alegato me detengo sólo de paso pues, en efecto, sería válido acaso para quien piense que la cultura solamente debe llegar a quien pueda pagarla mientras se deja a la televisión comercial la educación/culturización de los más pobres. Porque eso es exactamente lo que ha venido sucediendo: las debilidades de la televisión pública equivalen, en una ecuación inexcusable, a las fortalezas de la privada.

Por último, se ha dicho que la consolidación de la televisión universitaria ha de correr a cuenta de las instituciones que la promueven. Y es verdad. Pero aun en ese supuesto el Estado tendría que hacerse cargo de aportar los recursos suficientes para conseguirlo. Y especialmente en el caso de Once TV que, si bien forma parte del IPN, con el paso de los años se ha convertido también en un verdadero patrimonio cultural de todos los mexicanos. O, para decirlo con mayor precisión: de la mitad que puede acceder a su señal, mientras la otra mitad —la más pobre, la más alejada y la más capturada por todos los clientelismos y las carencias— ha de conformarse con los canales abiertos de la televisión comercial para vincularse a la patria y darse una identidad colectiva.