El monto de las irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2013 podría ascender a más de 50 mil millones de pesos, según se desprende del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013 presentado por la Auditoría Superior de la Federación.
“Si habláramos nada más del gasto federalizado, la suma originalmente señalada, observada durante la revisión era de 90 mil millones de pesos, antes de que termináramos las revisiones completas bajó como a 70 mil, quizá en el Informe queden ya como 50 mil”, dijo Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF.
El informe, entregado por la ASF, el 18 de febrero, a la Cámara de Diputados consiste en mil 413 revisiones individuales, divididas en 877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 auditorías de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios.
Dentro de las auditorías destacan 14 denominadas “forenses”, las cuales implican delitos penales por desvío de recursos, fraude o actos de corrupción, sobre estos casos se han elaborado expedientes que serán turnados a la Procuraduría General de la República.
Tres auditorias forenses corresponden a la Secretará de Desarrollo Social; dos a la Universidad Autónoma del Estado de México; una a la Secretaría de Educación Pública; otra al Registro Agrario Nacional, y una, a cada una de las universidades, Tecnológica de Tabasco; Chontalpa; Golfo de México; Autónoma de Tabasco; Autónoma de Morelos; Tecnológico de Comalcalco y al Instituto de Investigaciones Forestales.
Cálculo del Producto Interno Bruto
La metodología que utiliza la Secretaría de Hacienda para estimar el Producto Interno Bruto y elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
“puede no ser estadísticamente confiable” y generar “un margen de discrecionalidad en el uso de la estimación para requerir al Congreso de la Unión un mayor nivel de déficit presupuestario y de deuda pública para su financiamiento”, concluyó la ASF.
Consideró que el método empleado “implica un alto riesgo”, porque es “muy sensible a la ventana de tiempo contemplado para estimar el PIB estacional”, por lo que es necesario considerar criterios más armónicos con “metodologías más robustas y aceptadas a nivel internacional”, como las empleadas por el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para estimar la variable “con más precisión”.
La ASF propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sea el que tenga la “responsabilidad legal” de realizar la estimación y publicación periódica de este PIB, con transparencia en la metodología, los cálculos, los criterios, supuestos y resultados alcanzados dentro de las mejores prácticas internacionales en los términos de su autonomía técnica y de gestión.
Las irregularidades
En los estados
La ASF detectó que las mayores irregularidades se encuentran en el gasto federalizado. 898 auditorías, de las mil 413, se realizaron a gobiernos estatales, el daño al erario reportado fue de 67 mil 168 millones de pesos. Los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Oaxaca, acumularon irregularidades por 22 mil 993 millones de pesos.
Sistema de Administración Tributaria
La ASF determinó que funcionarios del Sistema de Administración Tributaria condonaron impuestos improcedentes por más de mil 123 millones de pesos a distintas compañías como Sabritas (929 millones de pesos), Gamesa (150 millones) y Scotiabank Inverlat (29 millones), entre otras.
Las condonaciones fueron calificados, por la ASF, como improcedentes pues se aplicó de manera incorrecta la Ley de Ingresos de la Federación 2013, además se basó en criterios emitidos por funcionarios que no estaban facultados para ello.
La Cámara de Diputados
La ASF señaló que las bancadas en la Cámara de Diputados disponen de recursos públicos con “limitada rendición de cuentas”, pues presentaron fallas en la comprobación del dinero que es usado en las tareas legislativas.
Durante 2013, gastaron mil 992 millones de pesos, de los cuales mil 166 millones fueron de subvenciones a los grupos parlamentarios, los cuales no presentaron toda la documentación para comprobar las erogaciones.
Otras áreas observadas fueron el manejo de recursos para la conservación, operación y equipamiento de sus recintos, de los 500 millones presupuestados, se ejercieron 394.6 millones y se devolvió a la Tesorería 105.4 millones. Sin embargo casi la mitad del dinero gastado se destinó a otros rubros, como: eventos, comunicación social, viáticos, asesoría y consultoría, obsequios, estética y peluquería, entre otros.
El Senado
El Senado ocultó la forma en que se gastaron mil 200 millones de pesos asignados a los diferentes grupos parlamentarios en 2013. El documento de la ASF señala que el presupuesto original de los senadores era de mil 89 millones de pesos y que, sin justificación se aumentó a mil 200 millones 500 mil pesos.
Al solicitar explicación “sólo proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2013, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios”.
Secretaría de Desarrollo Social
En distintos convenios firmados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos se detectaron irregularidades por 845 millones de pesos.
Dichos convenios tuvieron como objetivo financiar acciones como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’,
las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o de plano no realizados, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos.
Lo anterior fue posible porque la Sedesol pagó por adelantado y por la “falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas” de la dependencia.
Escuela Segura
Para la ASF, la Secretaría de Educación Pública “no definió de manera clara y precisa el problema público que pretende atender el programa; no estableció las características mínimas que las escuelas deben cumplir para considerarlas como seguras”.
53 mil 787 escuelas fueron beneficiadas por dicho programa, las cuales debían realizar una autoevaluación de la seguridad escolar, pero al no definir la SEP en que consistía la evaluación “no se permitió verificar el cumplimiento del objetivo del programa”.
Línea 12 del Metro
La ASF detectó que en ese año, el Consorcio constructor de la Línea Dorada alertó al Proyecto Metro sobre anomalías presentadas en los materiales de las vías. Sin embargo, dicho informe no fue atendido.
“La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de la Unidad Departamental de Diseño de Vías hicieron caso omiso de la información sobre fallas y presencia de desgaste prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 m y grapas nabla, del 28 de septiembre y 13 de noviembre de 2009”, indica la ASF.
Además, la Auditoría revela que durante 2013, el gobierno de Miguel Ángel Mancera incumplió con el mantenimiento y el Consorcio no cumplió con disposiciones legales y colocación de infraestructura. El dictamen se emitió con fecha del 19 de diciembre de 2014.
“Respecto a la muestra revisada se concluye que el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.
La ASF detectó que el contrato para la certificación fue pagado sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía, señalización y sonido.
A cambio de un pago de 188 millones de pesos, los certificadores emitieron una resolución en donde aseveraban que las instalaciones funcionaban correctamente y que la Línea 12 podía ponerse en servicio con pasajeros.
Sin embargo, ese pago ocurrió antes de que estuvieran terminados en su totalidad los sistemas de señalización, pilotaje automático, mando centralizado, energía eléctrica en alta tensión, subestación eléctrica en alta tensión, subestaciones de rectificación, distribución de tracción y catenaria, entre otros.
Obras en el DF
La Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal adquirió maquinaria por 2 millones 500 mil pesos, la cual fue entregada tiempo después de lo establecido en el contrato, pese a lo cual, la Dirección General omitió imponer penas convencionales por el incumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes adquiridos.
Del Fondo Metropolitano del Valle de México se destinaron 538 mil pesos para la rehabilitación de la Avenida Presidente Masaryk, la ASF señala que en el 2013 no se informó cuales fueron los rendimientos de la cuenta específica que se creo para recibir los recursos que otorgó la Secretaría de Hacienda, ni se acreditó que los recursos se hayan erogado antes del último día hábil de diciembre de 2013.
Con información de: El Financiero, El Economista, Proceso, El Universal, CNN, Reforma, Milenio y Excélsior.
