Los estados obtuvieron calificaciones de panzazo en las materias de trasparencia sobre el gasto que utilizan en sus programas sociales, en la medición y evaluación de los mismos, y el control con padrones de beneficiados sólidos, de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana.
Hasta el 2013 existían en el país 2,002 programas sociales como vigentes, de los cuales 96% (1,927) corresponde a los estados y el Distrito Federal y 4% (75) restante son programas federales. En promedio, las entidades federativas tienen 60 programas sociales vigentes. Sinaloa es la entidad federativa con más programas sociales (233) y Nuevo León la entidad federativa con menos programas sociales, con apenas siete.
La última edición de la iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de programas sociales (IPRO) desarrollada por el PNUD y Transparencia Mexicana midió las reglas de operación y otros lineamientos; mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como los mecanismos de participación social con los que cuentan esos programas. Lo resultados reflejan que sólo seis de cada 10 de esos 2,002 programas sociales cumplen con los tres elementos de institucionalidad.
De los 75 programas federales, 29.62% cuenta con un presupuesto menor a 1 millón de pesos; 15.78% con presupuesto de entre 1 y 10 millones; 7.99% con presupuesto de 10 a 50 millones; 2.70% de 50 a 100 millones; 4.60% de 100 a 500 millones, 1.85% cuenta con un presupuesto mayor a 500 millones de pesos y finalmente para 37.46% no hay información disponible.
En el caso de los programas sociales estatales, 30.10% cuenta con un presupuesto de 1 a 10 millones de pesos; seguido por 16.40% con menos de 1 millón de pesos; 8.10% está en un rango presupuestal de 10 a 50 millones de pesos; 2.54% cuenta con presupuesto de 100 a 500 millones; 4.15% con 50 a 100 millones; únicamente 0.05% de los programas cuenta con un presupuesto mayor a 500 millones de pesos y no hay información disponible para 38.66% de los programas.
Si bien ningún estado cuenta con un cumplimiento de 100% en materia de transparencia del uso y aplicación del gasto sobre programas sociales, las entidades mejor calificadas con 75% son Baja California, Sonora y Aguascalientes. En el caso de Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas tienen un cumplimiento promedio de entre 25 y 49% para la categoría de control y fiscalización.
De los programas sociales federales, 88% promueve las quejas o denuncias de tipo electoral, mientras que a nivel estatal sólo 74.7% de los programas hace referencia a ello.
Y es que uno de cada dos (55%) programas sociales en el país reportó que hace público su presupuesto y 56.2% que publica su padrón de beneficiarios.
El 88% de los programas de dependencias federales reportó que tienen padrones de beneficiarios, mientras apenas 64.5% en el caso de los programas de entidades federativas, y 78.7% de los programas federales, como Oportunidades y el Seguro Popular, hace público su padrón, contra 55.3% a nivel el estatal. Asimismo, 93.3% en el caso de la Federación y 53.6% en los estados hace público el presupuesto para cada programa.
Sobre el ejercicio del gasto, 86.7% de programas sociales de dependencias federales lo hace, contra 57.1% en entidades federativas.
Un poco más de la mitad de los estados (66.9%) realiza un informe anual de resultados de sus programas, mientras que a nivel federal es requisito que se cumple en 88 por ciento.
Aún más, sólo 46.2% en los programas de entidades federativas cuenta con una contraloría social y 78.7% en el caso de las dependencias federales.
Por ello, el reporte del PNUD y Transparencia Mexicana menciona que seis de cada 10 programas estatales y nueve de cada 10 programas federales cuentan con banco de quejas y denuncias sobre la operación de los programas, mecanismos de evaluación externa, quejas y denuncias electorales y con informe a servidores públicos sobre faltas administrativas…
Nota completa en: El Economista
