En México, a pesar de lo previsto en la Constitución, afirmar que todo poder se instituye en beneficio del pueblo resulta, por decir lo menos, contrario a la intuición. Enfrentamos una crisis de legitimidad y reconocimiento de las instituciones. Una larga lista de agravios cometidos desde el ejercicio del poder acredita este triste estado de cosas: historias de corrupción, malversación de fondos, desvío de recursos públicos, acciones que son completadas con errores de gestión, problemas de diseño de políticas públicas, improvisación en las decisiones gubernamentales o incluso incapacidad administrativa para el ejercicio de recursos públicos.

Para muestra, un botón. En los últimos años, el gasto en política social se ha incrementado en todos los ámbitos de gobierno pero los resultados en términos de reducción de pobreza siguen siendo insatisfactorios. Además, la nueva estructura del Estado ha generado un mapa profundamente complejo para conocer el quehacer gubernamental, ya no digamos para su control, fiscalización y la evaluación de sus resultados.

La conclusión es difícil de aceptar, pero no por dolorosa deja de ser cierta. En un país con una débil tradición de respeto a la legalidad, el federalismo y la descentralización, sumados a la liberalización en el acceso al gobierno (y por tanto a la administración y control de dichos fondos), generaron una explosión de formas de uso y abuso de los recursos públicos con fines político-electorales, diluyendo los controles entre fracciones políticas. No hay partido que no esté involucrado en el derroche y la falta de resultados. En la práctica, eso merma los contrapesos.

I. Proliferación de mecanismos de rendición de cuentas con pocos resultados.

En la teoría, lo que obtenemos de los sistemas de rendición de cuentas es que (1) obligan a los funcionarios públicos a que ejerzan el poder apegados a su mandato, (2) dando explicaciones de sus acciones y (3) sujetándolos a sanciones cuando incumplen sus obligaciones. En la práctica, en el mejor de los casos presenciamos esfuerzos aislados e iniciativas fragmentadas. En el peor, es una práctica abierta de impunidad. Existe abundante literatura sobre las deficiencias en la rendición de cuentas. Por razón de espacio aquí sólo menciono el problema.

II. Perspectivas desde la sociedad civil sobre la rendición de cuentas.

¿Qué hacer entonces cuando los mecanismos jurídicos de carácter administrativo, penal y presupuestario no son funcionales para la rendición de cuentas? Una solución espontánea ha sido el surgimiento de alternativas que, si bien no sustituyen, sí complementan dicho sistema. Diversas organizaciones de la sociedad civil lo hacemos.

En el caso de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nuestra práctica dispone, por una parte, del poder político de las reivindicaciones y, por otra, de la expectativa de que los derechos humanos no son promesas banales sino parámetros objetivos que regulan la actuación gubernamental. Para ello se trabaja desde la organización pero también desde espacios colectivos como la Red por la Rendición de Cuentas. En esencia se trata de cuestionar desde otra mirada el diseño y gestión de los programas de política social esperando recomponer los problemas que enfrentan.

La incorporación de estos nuevos paradigmas puede dar una ligera vuelta de tuerca al problema de la débil rendición de cuentas en nuestro país, pero nunca podrá sustituir a un sistema integral.