En las últimas semanas, el Senado de la República, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales en comisiones unidas con Anticorrupción y Participación Ciudadana, ha realizado diversos encuentros para escuchar posturas de académicos, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de organismos garantes de la transparencia, sobre los proyectos que se han presentado para crear una Comisión Nacional Anticorrupción.
Al participar en la Séptima Reunión Ordinaria, invitada por la Red por la Rendición de Cuentas, me pude percatar que estas jornadas que realiza el Senado, permiten poner sobre la mesa de análisis de los legisladores: experiencias locales, estudios específicos sobre el tema y propuestas viables que permitan avanzar en combatir actos en contra de la legalidad.
Algunas de las voces que participaron en esta reunión con valiosas aportaciones, fueron las siguientes:
José Castelazo, Presidente del INAP, propuso que la estrategia a seguir del órgano que se pretende crear, sea punitiva y preventiva. Sugirió que la responsabilidad de dirigir a la institución, recaiga en una sola persona así como integrar tribunales federales y locales especializados para dictar las sentencias correspondientes.
Peter Winkel, de Iniciativa Ciudadana, señaló que la comisión referida, debiera tener facultad de coordinación con otras instituciones como el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación, que fijan procedimientos precisos de rendición de cuentas, así como facultades de monitoreo y medición de procesos judiciales.
Oscar Guerra, Presidente del Info DF, propuso crear un Tribunal de Cuentas, como sala especializada dentro del Tribunal Superior de la Federación. También sugirió que la ley en la materia defina claramente las facultades, dentro de las cuales esté la de poder iniciar procedimientos penales contra funcionarios corruptos.
Miguel Pulido, de Fundar, dijo que es necesario discutir un mecanismo de presupuestos asignados con base a la evaluación de resultados de los programas y que las posibilidades de éxito dependen de tener un mapa integral y articulado sobre el tema.
Alejandro González, de GESOC, señalo que se requiere focalizar el alcance de las atribuciones de la Comisión en términos administrativos y penales y no dejar fuera la necesidad de fortalecer al ministerio público o incluso la creación de una fiscalía especializada.
Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, expresó que cuando se habla de rendición de cuentas, se habla de acceso a la información, de cuentas claras, de archivos y de responsabilidades y responsables, más que de sanciones. Agregó que la participación ciudadana no consiste en darle un puesto al ciudadano, sino que debe ser trasversal y efectiva.
En lo personal comenté que la Comisión Anticorrupción debe tener un enfoque global; es decir una comisión que no sólo atienda efectos y consecuencias sino que vaya sobre las causas y los factores que generan actos en contra de la legalidad.
Referí que experiencias locales nos muestran que el solo hecho de crear una Comisión o Fiscalía, no resuelven por si sólo el problema. Por el contrario, la estructura burocrática crece, alarga procesos, no atiende el origen del problema y si no está bien diseñada en sus alcances, puede generar persecución política.
Por lo anterior, es necesario que la creación de esta comisión considere un abanico integral de acciones que vinculen los esfuerzos de las instancias ya existentes. Es decir, la Comisión Anticorrupción no debe realizar un trabajo aislado al de los organismos garantes de la transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, las organizaciones de la sociedad civil, los ministerios públicos y otros.
Frente a la desarticulación de esfuerzos en favor de la transparencia y el combate a la corrupción, es necesario impulsar acciones específicas y políticas públicas que reconozcan buenas prácticas, que atiendan causas estructurales, construyan cultura de la legalidad, revisen el diseño de las instituciones, alineen procedimientos y normas secundarias y fortalezcan facultades en otras.
Con base en ello se requiere que la Comisión Anticorrupción no se limite a fiscalizar cuentas públicas y únicamente atender el tema presupuestal y financiero, tiene que ir más allá; es conveniente que revise aquellos renglones que van desde la asignación de cargos que se dan discrecionalmente, hasta prevenir abusos de autoridad, que si bien debe atacar prácticas que cultural e históricamente se han instalado en la función pública, deben ser modificados con políticas articuladas que establezcan reglas claras, revisión al régimen administrativo, modificación de normas que generan prácticas discrecionales, impulso a la corresponsabilidad social y otras como la evaluación del desempeño, mayor profesionalización del servicio público, analizar el sistema de responsabilidades públicas, y creación de un sistema de sanciones y estímulos.
