El ensamble de las piezas para el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción va avanzando, pero es necesario mantener una observación social permanente sobre su evolución para aportar y corregir lo necesario e incrementar sus posibilidades de éxito. Podemos señalar tres fases de vital importancia que están operando en este momento:
- La selección del Comité de Participación Ciudadana, que correrá a cargo del Senado, con la opinión de especialistas de academia y sociedad civil, y que es el grupo que comandará los trabajos del Sistema.
- La designación del Fiscal Anticorrupción, que es el personaje que abrirá el paso para que los casos de corrupción puedan ser procesados y fundados de forma eficaz.
- La confección de los Sistemas Estatales Anticorrupción, que deberán ser reflejo mínimo del Sistema Nacional y cuya hechura debe ser vigilada para que no incluya defectos u omisiones intencionales que impidan o limiten la sanción de la corrupción a nivel estatal o municipal.
Si logramos consolidar bien esta fase inicial, a partir de 2017 podremos comenzar a experimentar, por primera vez en México, un tipo de combate a la corrupción basado en la rendición de cuentas, es decir, la asignación de culpas y sanciones a partir del cumplimiento o no cumplimiento de la ley; tan simple como suena.
Parece una obviedad eso de sancionar con base en cumplimiento o no de las leyes, pero, en verdad, el combate a la corrupción en México nunca ha funcionado a partir de la rendición de cuentas, sino con base en el “ajuste de cuentas”.
Prácticamente toda la memoria de este siglo sobre escándalos de corrupción descubiertos y en los que los culpables son llamados a “rendir cuentas” ante la ley y la sociedad, son, en el fondo, fenómenos de ajustes de cuentas entre bandos (o bandas).
El señor de las ligas fue procesado por actos ilícitos, pero el motivo de iniciar el proceso fue la venganza del PAN contra Manuel López Obrador por tanto ataque al gobierno federal y para detener su avance electoral. Elba Esther Gordillo terminó en prisión por ilegalidades comprobadas, pero el motivo de haberla procesado tuvo que ver con la venganza del PRI por haberlos traicionado apoyando en su momento al PAN.
En meses pasados se detuvo a un funcionario de la Delegación Cuauhtémoc con miles de pesos no comprobables y se le inició proceso, pero no con motivo intrínseco de hacer cumplir la ley, sino como jugada del PRD para detener el avance de Morena rumbo a la elección 2018.
Actualmente tenemos abierto el caso de Javier Duarte, gobernador de Veracruz con licencia y miembro (ahora ya ex miembro) del PRI y el caso de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora emanado de Acción Nacional. En ambos casos, y en armonía con nuestra costumbre política, sus procesos de investigación por presuntos actos de corrupción cometidos bajo sus mandatos fueron detonados por los gobiernos que les siguieron, en función de ser de emblema distinto: en Veracruz salió el PRI y entra el PAN y en Sonora salió el PAN y entra el PRI. Es decir, otro caso más de ajuste de cuentas disfrazado de rendición de cuentas.
Y bueno, no es tan malo que los perversos se peleen entre ellos de vez en cuando con tal de que alguno termine pagando sus fechorías. El verdadero problema de esto es que no podemos depender de las peleas entre la clase política para que se descubran y sancionen actos de corrupción.
La corrupción en México se combate de forma sistemática por lo menos desde Vicente Fox, quien en el 2000 creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. Sin embargo, ese y los demás esfuerzos anticorrupción que hemos probado hasta ahora, han fracasado por el mismo motivo: detectar actos de corrupción es posible; pero el verdadero infierno insalvable es provocar una sanción efectiva si los políticos no le encuentran la ventaja política de deshacerse de algún rival o indeseable o ven en ello un riesgo de ganar enemistades. Todo nuestro modelo anticorrupción ha funcionado hasta ahora desde esa lógica del ajuste de cuentas.
Los mexicanos tenemos la esperanza de que con el Sistema Nacional Anticorrupción, los actos corruptos se detecten y se exhiban, ahora sí, por sistema y no por consigna, y que las sanciones se impongan por consecuencia natural de la ilegalidad y no por venganza política.
Queremos, por fin, transitar de la anticorrupción por capricho a la anticorrupción por sistema; comenzar a adquirir la cultura de la rendición de cuentas y abandonar nuestra añeja tradición política de castigar sólo para ajustar cuentas.
