Este año electoral 2018 se están acabando de estructurar buena parte de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) en las 32 entidades federativas del país.
Sería valioso que los liderazgos de todo el país aprovecharan la coyuntura electoral para exigir que las ofertas de campaña incorporen leyes y políticas que fortalezcan el arranque y operación de los Sistemas Anticorrupción.
Uno de los aspectos que deben fortalecerse para el éxito de los SLA es la aparición o perfeccionamiento de las Leyes de Participación Ciudadana estatales. Los Sistemas Anticorrupción contemplan la alianza de las distintas fuerzas sociales del estado con los Comités de Participación Ciudadana y la colaboración permanente con los distintos organismos del sistema, aportando indicios de hechos de corrupción a las contralorías estatales, denunciando ante las fiscalías anticorrupción o verificando la correcta aplicación de sanciones de los tribunales administrativos, por ejemplo.
Para que estos niveles de coordinación social sucedan en los estados será importante que existan los mecanismos formales que le permitan a la sociedad civil el efectivo control de las instituciones públicas y los políticos que las dirigen. Un marco legal adecuado es el que dota a los ciudadanos de instrumentos como la ratificación del mandato, la contraloría ciudadana, el referéndum o el presupuesto participativo, entre otros muchos.
Este tipo de instrumentos de verdadero control social sobre el poder público no existen en buena parte de los estados del país, debido a que no todas las entidades tienen una Ley de Participación Ciudadana que los regule o, aun teniéndola, no aparecen con el diseño ni facultades adecuadas.
Echarle un vistazo a estos mecanismos de poder social y pedirles a los candidatos estatales que se comprometan a incorporar los faltantes, es una oportunidad de acción concreta y fructífera para el que quiera aportar cambios positivos en favor de los SLA y de la sociedad en general.
Como una aportación en ese sentido, las organizaciones de la Sociedad Civil Transformación Urbana Internacional A.C. e Iniciativas Humanas y Sociales A.C. han producido un documento LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MÉXICO, RUMBO A LAS ELECCIONES DEL 2018, donde señalan que los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de México no son suficientes para controlar al poder político local y, por tanto, limitarían también la capacidad de acción para que esfuerzos como los SLA puedan operarse de forma óptima.
La propuesta de estas organizaciones es que “el mayor número de las fuerzas sociales del estado insistan a sus candidatos a que se comprometan a:
- Integrar dentro de sus propuestas de campaña el impulso y/o promulgación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México
- Incluir a la sociedad civil, la academia y el empresariado en los trabajos para discutir y diseñar dicha ley”
Sería valioso que los diversos liderazgos del Estado de México conozcan y apoyen esta propuesta y, porque no, que pueda servir de inspiración a organizaciones y personas líderes de otras entidades federativas que quieran exigir lo mismo a sus candidatos para fortalecer sus propios sistemas de participación y Sistemas Anticorrupción Locales.
