En el pasado mes de julio se promulgaron las leyes que le darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Ley General marco del propio SNA, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (conocida como Ley 3 de 3), la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
También se hicieron reformas a dos normatividades ya existentes: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Código Penal Federal, en orden a alinearlos hacia una mejor manera de ejercer la contraloría interna y el sancionar actos corruptos.
Estas siete leyes han sido consideradas como el puntal mínimo para contar con un verdadero sistema que permita descubrir y sancionar fenómenos de corrupción en el sistema público. El haber logrado su materialización debe ser visto como un éxito de la nueva sociedad civil que está emergiendo en nuestro país.
Ahora tenemos que ocuparnos de las etapas que siguen. Por lo pronto de tres inmediatas: la implementación del SNA, la hechura de eficaces Sistemas Estatales Anticorrupción y la planeación de los siguientes cambios que complementen y consoliden el Sistema.
Me quiero concentrar en este último asunto, pues no debe pensarse que el SNA tiene un diseño final y suficiente. Reitero que fue el andamiaje mínimo para empezar a abordar de forma seria la anticorrupción en México, pero todavía le faltan piezas para lograr su óptimo alcance y aquí abordo una de ellas: los partidos políticos.
Recurro a la analogía de la elaboración del Guacamole, esa deliciosa salsa mexicana elaborada con base en el aguacate. De la lectura de lo promulgado y reformado para constituir el SNA se desprende que la mayoría de lo construido está diseñado para impactar en los procesos de la hechura de la salsa y en el control final del producto. Hay un gran avance en las precisiones del tamaño de los cortes de la cebolla, qué tipo de grano de sal utilizar y la manera de mezclar el picante, así como reglas del sabor final que debe tener, el nivel de acidez permitido y las sanciones aplicables en caso de no cumplir con dichos estándares.
Sin embargo, hay un añadido crucial que tendremos que hacerle algún día al guacamole del SNA si queremos que sea lo que quiere ser: agregarle aguacates y establecer reglas de calidad a ese insumo.
Todas las reglas actuales del SNA son correctas y ahí deben de estar, pero están enfocadas en los procesos y los productos del funcionamiento gubernamental y poco atienden sobre los insumos para la operación del mismo, donde el principal insumo y factor determinante para darle sentido y sabor son las personas que ingresan al servicio público para dirigirlo (los aguacates).
El SNA no incorpora (todavía) reglas para controlar al principal proveedor de aguacates: los partidos políticos; especialmente en su importantísima función de detectar, atraer, formar e impulsar a los mejores hombres y mujeres para llevarlos al poder de nuestras instituciones públicas.
Cualquier analista anticorrupción sabe o ha visto que las reglas, normas, candados, prohibiciones, sistemas informáticos o pactos de integridad son eficientes como control de las instituciones públicas solamente en la medida en que exista la voluntad y apoyo de la alta dirección. A la inversa: cualquier sistema se puede corromper totalmente o en algún grado si esa es la intención de la alta dirección.
Por eso tiene total sentido controlar a los partidos políticos, porque la gran mayoría de la alta dirección de nuestras instituciones públicas son designadas por los partidos políticos, sea como botín de haber ganado uno elección o sea mediante negociaciones entre ellos para seleccionar cuerpos colegiados, como las directivas de los organismos autónomos, por ejemplo.
El gran problema que planteo es el fraude (que es una forma de corrupción) de parte de los partidos: llevan muchos años ofreciendo los mejores productos, pero en la realidad solo nos surten aguacatitos de quinta. El SNA no alcanzó (todavía) a plantear la necesidad de “forzar” a esas instituciones a proveernos de aguacates de alta calidad para beneficio de la gran salsa nacional. En algún momento se tendrá que ver la relevancia del tema pues de la calidad e intención de las personas que conformen las directivas institucionales depende la facilidad, dificultad o, de plano, inamovilidad futura del SNA.
En el ánimo de respetar una mal entendida autonomía, permitimos que los partidos políticos fueran construyendo sus propias reglas y dinámicas internas de recompensas que a la larga se institucionalizaron para premiar habilidades más cercanas a la trampa y la corrupción que a la honestidad y la eficiencia.
El resultado añejo es que las actuales reglas fácticas de los partidos políticos están diseñadas para “aspirar” a los peores elementos de la sociedad, empoderarlos y transferirlos a la dirección de las instituciones públicas, creando un conflicto con el espíritu del SNA y representando un potencial riesgo de resistencia para su implementación.
Ese deberá de ser uno de los importantes temas a reflexionar para provocar cambios positivos que fortalezcan a nuestro recién nacido SNA y que permitan que el país disfrute, por fin, del guacamole que merece.
