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En entrevista con Enfoque, Ricardo Anaya, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, indicó que aunque ya está lista la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, ‘no podemos echar las campanas al vuelo’, porque si esta se aprueba el jueves en la Cámara de Diputados como se prevé, aún quedará pendiente que el asunto se discuta y se vote en el Senado, después en las legislaturas de los estados y después vendrá toda la discusión de las leyes secundarias, por lo que indicó que va a ser un camino largo pero histórico para una reforma completa.
Explicó que con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción se modifican más de una decena de artículos constitucionales que van en tres ejes fundamentales:
- De carácter preventivo, es decir, se recuperan facultades de la Secretaría de la Función Pública, SFP, pero se le quitan las facultades de sanción.
- De investigación, es decir, serán ahora órganos autónomos independientes y robustos los responsables de investigar actos de corrupción y la Auditoria Superior de la Federación, ASF, podrá abrir investigaciones en tiempo real, podrá investigar lo relativo al gasto de los estados y municipios en un 92 por ciento y el 100 por ciento del recurso que gasta la federación, además de crearse una nueva fiscalía especializada para perseguir delitos relacionados sólo con hechos de corrupción y consignar ante el Poder Judicial de la Federación.
- De sanción, porque el problema actual es el de la impunidad, donde el nuevo tribunal federal de relevancia constitucional con magistrados inamovibles nombrados por 15 años.
Señaló que dentro de la reforma se establece que el secretario de la Función Pública sea nombrado por el presidente y sea ratificado por el Senado, además de la profesionalización para todos los órganos internos del control del país.
Dijo que el Sistema Nacional se debe replicar en los estados, sin embargo el PAN, no conforme con esta línea, plantea que la ASF pueda entrar a las participaciones federales, que implica que pueda revisar el 92 por ciento de todos los recursos que gastan los estados y municipios del país. El 8 por ciento restante lo harán los órganos locales.
Indicó que el sistema actual estaba diseñado para que hubiera impunidad, ahora el tribunal autónomo independiente, que se llamará Tribunal Federal de Responsabilidad Administrativa, se dará a la tarea de abatir la impunidad y castigar a quienes cometan actos de corrupción con cárcel.
Explicó que las fiscalía es un órgano nuevo especializado exclusivamente investigará temas de corrupción con el propósito de que no se pierdan las denuncias de este carácter, además el fiscal de dicho órgano será nombrado por el Senado de la República, sin intervención alguna del presidente Enrique Peña Nieto, así como se eligió al de la Fepade, el cual va a investigar e integrar la averiguación previa para presentarlo ante un juez.
Agregó que ahora, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción se establece que los servidores públicos deben presentar su declaración de intereses, ‘los detalles específicos vendrán en la legislación secundaria y seguramente depositadas ante la Secretaría de la Función Pública’, y cualquier órgano del estado podrá solicitar esa declaración en caso de haber controversia.
Finalmente recordó que son varias reformas complementarias que están corriendo en paralelo a la reforma anticorrupción, por lo tanto no va a ser fácil el camino pero ya nadie va a poder detener esta reforma.
Fuente: Enfoque
