El paquete legislativo que dará vida al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México nació amañado.
En una sesión de más de 10 horas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y a un día de que terminara el plazo legal para la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, las comisiones de Transparencia y Gestión, de Administración Pública Local, de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad Legislativa –presididas por el PRI, PAN y PRD– aprobaron su creación y reformas a 11 leyes locales.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción publicada el año pasado, las entidades federativas tenían un año para alinear sus sistemas locales lo más cercano a la legislación general. Pero el legislativo local, conformado en su mayoría por perredistas y panistas, votó modificaciones contrarias a la Constitución federal y de la Ciudad de México:
Eliminó atribuciones del Comité de Participación Ciudadana; dejó la elección del Fiscal Anticorrupción y del Secretario Técnico en manos del actual mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, y dos comisiones de la ALDF; violó artículos de la recién creada –y tan presumida por el mismo jefe de gobierno— Constitución de la CDMX; e hizo coincidir el tiempo de los 142 nombramientos para que, paradójicamente, la mayoría se determine en agosto, antes del último informe de Mancera Espinosa y del arranque de su campaña para buscar la candidatura presidencial de 2018…
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