Reconocer y conocer las necesidades y particularidades de la población permitirá garantizar atención específica y condiciones de vida digna para las personas trabajadoras agrícolas. Es una deuda que no puede seguir cobrando vidas.

A partir del 26 de marzo, las cifras de muertes infantiles en campos agrícolas han aumentado trágicamente. Esto, debido a las condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de acceso a la salud de la población jornalera.

Para muestra, el caso de Lizbeth Oropeza, quien a sus ocho meses de edad murió en el cuarto que rentan sus papás en el municipio de Villa Unión, en el estado de Sinaloa. Tenía fiebre alta y no paraba de llorar. Desde el mes de marzo y hasta el pasado 17 de abril, se registraron las muertes de 32 infantes, descendientes de familias jornaleras en Sinaloa. Los síntomas que presentaron fueron neumonía, desnutrición y deshidratación y el Estado decidió no declarar una epidemia, a pesar del incremento de muertes.

A pesar de lo anterior y de que la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, declaró su preocupación por los casos, aún no se ha iniciado alguna investigación sobre las condiciones de las familias jornaleras en los campos 1. Las acciones que impulsó la entidad no bastan, pues no buscan desmantelar la desigualdad estructural, sino que se enfocan en medidas superficiales, como la revisión de las cuarterías en las que se hospedan las familias, campañas de salud para esa población, o la habilitación de albergues y guarderías temporales para la niñez jornalera.

Estas acciones se quedan cortas respecto de la problemática que viven las familias jornaleras, ya que sus objetivos se enfocan en atender cuestiones temporales, por lo que sus resultados serán únicamente una “curita” para la herida profunda con la que viven estas familias, que no cuentan con las condiciones laborales mínimas e indispensables para poder tener acceso a una vida digna. Sin contrato, no hay acceso a seguridad social, lo que implica que no puedan ir a atenderse a clínicas, tener seguro de desempleo, una guardería donde puedan dejar a sus hijas e hijos, entre otras cosas.

Es importante mencionar que la seguridad social es un derecho humano y, de acuerdo con la ONU, es una herramienta para reducir la pobreza y erradicar la discriminación 2. Su conmemoración es el 28 de abril y para este 2023 su lema es “un entorno de trabajo seguro y saludable”. Garantizar esto es una obligación del Estado y la ausencia de este derecho en la población jornalera está cobrando vidas del sector más indefenso: la niñez.

El tiempo apremia, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo no solo deben garantizar la limpieza y dignificación de los espacios en los que vive la población jornalera, sino que intersecretarialmente es urgente emprender mecanismos de inspección y supervisión para el acceso a la protección social de la población jornalera, condiciones laborales dignas y la realización de un censo de productores agrícolas actualizado. Reconocer y conocer las necesidades y particularidades de la población permitirá garantizar atención específica y condiciones de vida digna para las personas trabajadoras agrícolas. Es una deuda que no puede seguir cobrando vidas.