Dar “una lucha contra la fragilidad de la memoria”, escribió el periodista polaco Ryszard Kapuściński en su ensayo sobre Herodoto. Esta sentencia funciona para dar marco al Foro de Consulta región centro organizado por el Archivo General de la Nación, (AGN), la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el gobierno del estado de Morelos, y otras instituciones, como parte de los trabajos iniciados en el AGN hace unos días, con el foro “Hacia la construcción de una Ley General de Archivos”, dijo la doctora Aura Hernández Hernández, directora de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” de la SCJN al inaugurar los trabajos del Foro en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, en Cuernavaca, Morelos. El objetivo de la nueva ley general debe ser “custodiar la memoria histórica”, aseguró.

En su participación en la primera mesa de debate, la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación (AGN), señaló que como órgano garante, el AGN debe vigilar y evaluar el cumplimiento de la ley, que al ser reformada, establece claramente que los sujetos obligados “deben preservar documentos en archivos administrativos actualizados”. En este sentido, abundó, los archivos son base del conocimiento de cualquier disciplina.

El patrimonio documental son indicador del desarrollo de una nación, pues son el vínculo con la democracia. La rendición de cuentas se basa, entonces, en los archivos. Sin archivos, no hay rendición de cuentas. Las políticas públicas de rendición de cuentas y de transparencia requieren de buenos archivos. Es necesario, concluyó la doctora de Vega, poner en el mismo nivel a la transparencia, la rendición de cuentas y los archivos. Así, el Sistema Nacional de Archivos deberá ser un sistema de sistemas, al articular la modernización archivística municipal, estatal y federal.

Óscar Guerra Ford, comisionado del IFAI, señaló que hay un descuido sistemático de la información pública. Un ejemplo, dijo, lo evidencia que hay un número excesivo (6.6%) de “inexistencias” de información en solicitudes de información pública y de datos personales, un hecho lamentable  e inaceptable, enfatizó. El ideal de una política pública de transparencia y rendición de cuentas, es que toda decisión pública deberá estar documentada.   

Lourdes Morales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, señaló que si bien la exigencia de acceso a la información no ha ido de la mano de la exigencia de una política en materia de archivos, con el trabajo de estos foros se busca empatar la ruta.

Asimismo, para articular la construcción de una política de Rendición de Cuentas que incluya la modernización de los archivos del país, como primer eslabón en esta arquitectura, la Red por la Rendición de Cuentas trabaja en el Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC).

El Programa responde a las demandas de la sociedad mexicana de poder contar con gobiernos capaces de informar, explicar y justificar, con claridad, oportunidad y responsabilidad, todo lo relacionado con el uso de los recursos públicos, las razones que sustentan sus decisiones públicas y los resultados obtenidos por los programas y políticas públicas bajo su responsabilidad,  abundó Lourdes Morales.

Francisco Javier Acuña, comisionado del IFAI concluyó los trabajos del primer panel del Foro regional de consulta en materia de archivos, y coincidió al señalar que “sin archivos no hay instituciones”. Los archivos son la sustancia de la cuestión pública, enfatizó Acuña.

Como parte de los trabajos de este foro regional de consulta, la Red por la Rendición de Cuentas presentó el cuaderno “Archivos: un componente indispensable de la rendición de cuentas”, elaborado por el maestro Ramón Aguilera, director de la Escuela Mexicana de Archivos.

En México, la conquista del derecho de acceso a la información no ha ido de la mano de la lucha y la exigencia por la producción, conservación y gestión de aquella documentación que puede ser relevante para la ciudadanía. Las inexistencias de información, la falta de criterios homologados en la gestión documental en todo el territorio nacional, la poca profesionalización en archivística y la desarticulación entre normas afines, han generado abusos y complicidades en detrimento de una adecuada rendición de cuentas. Así lo explica Ramón Aguilera en este cuaderno publicado por la Red por la Rendición de Cuentas y el CIDE.

Aguilera retrató la situación archivística del país: de las 260 dependencias de la administración pública federal que reporta el sistema de información y clasificación archivística (SICCA) sobre los lineamientos en el manejo de archivos, 48% usan el llamado “modelo de descripción” (describir lo que tienen los archivos), 11% el “modelo volumen” (describir cuánto espacio ocupan) y 27% la norma internacional de información archivística (ISAD-G).

En el ámbito estatal, el panorama no es mejor, tras la reforma de 2007 al artículo 6º constitucional, sólo 11 entidades cumplieron con el nuevo mandato en materia de archivos, 9 entidades lo hicieron antes del 2002 por lo que cuentan con una normatividad obsoleta, 7 lo hicieron entre 2002 y 2007 y 5 carecen de una legislación específica.

A estas asimetrías se suma la separación cotidiana en la gestión documental ya que hay una desvinculación entre el manejo de los archivos -como documento histórico -con los procesos administrativos ante lo cual se generan inexistencias de información que dejan al ciudadano en total indefensión. En 2013, de los 7,483 recursos de revisión interpuestos ante el IFAI, en casi 6% se argumentó inexistencia de la información, es decir, unos 440 recursos.

Con una ley general de archivos en puerta, Aguilera propone la promoción de una nueva cultura archivística en la administración pública como pieza fundamental para la rendición de cuentas, diseñar una ley general de archivos adaptada a México pero acorde con los principios de acceso del Consejo Internacional de Archivos, que el Archivo General de la Nación sea cabeza de sector y que para ello se le dote de autonomía técnica, operativa y presupuestaria y que el uso de tecnologías de la información sea incorporado pero como un medio y no como un fin en sí.