La coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, manifestó su “preocupación” ante la idea de que las instituciones respondan sólo a grupos políticos partidistas y a contextos políticos específicos.

“Creo que la construcción institucional en este país nos ha costado mucho tiempo, nos ha costado mucho dinero y no es patrimonio de los partidos, es patrimonio de los ciudadanos”, destacó.

Al participar en el arranque de la Semana Nacional de Transparencia, celebró que exista “una visión crítica”; sin embargo, expuso que desde la academia y la sociedad civil defenderán la existencia de los organismos que además de ser de los ciudadanos, “ejercen un contrapeso importante”.

Antes, expuso que frente a las críticas al trabajo de los comisionados del INAI, hay que revisar la labor, pero destacó que “las instituciones no son sólo las cabezas”.

“Las labores están integradas por muchas personas y ellos han tenido una labor muy importante y muy valiente en el proceso de acceso a la información”, argumentó.

Morales Canales puntualizó que uno de los principales retos es el cumplimiento de la ley, ya que aunque somos “un país muy bueno” para impulsar normativas y crear “nuevas estructuras”, cumplir con las leyes, su implementación y la creación de nuevos procesos se enfrentan “contra la cultura de la opacidad o contra el aprendizaje y la generación de capacidades”.

Dijo que además se debe dar a conocer a la ciudadanía el derecho que tienen de acceder a la información pública.

“También me preocupan algunas iniciativas que han salido en las entidades federativas, y aprovecho que están integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, en contra de la criminalización, de la búsqueda de información hacia entidades de seguridad”, manifestó.

Me refiero, prosiguió, a las llamadas leyes de “halconeo”, en donde 21 estados han hecho modificaciones y han impedido que periodistas y actores de la sociedad civil busquen esta información.

En su turno, Javier Acuña Llamas, presidente del INAI, enfatizó el carácter autónomo del organismo, que por su naturaleza constitucional es un contrapeso a las autoridades públicas y un mecanismo de control democrático.

Defendió que las resoluciones del instituto han permitido publicitar casos relevantes como el de Ayotzinapa, Odebrecht, los archivos sobre el movimiento estudiantil de 1968, el caso de San Fernando, Tamaulipas, y el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.