La discrecionalidad en el gasto público es uno de los principales problemas que aquejan al País y, sin embargo, los candidatos presidenciales y los actores políticos no han mostrado interés en combatirla, advirtieron académicos.

Esto pese a que en 2016, señalaron, el Gobierno federal gastó 613 mil millones de pesos más de los presupuestados, lo que equivale a más de dos veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es de aproximadamente 280 mil millones.

En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, los especialistas Jesús Silva-Herzog Márquez y Leonardo Núñez explicaron que no hay control en los fondos asignados por la Secretaría de Hacienda a las dependencias federales, lo que se manifiesta en desvíos como el de la Secretaría de Desarrollo Social bajo la gestión de Rosario Robles.

Además, mencionaron, hay una diferencia entre el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y el que al final ejerce el Gobierno federal: por ejemplo, en un año el gasto en publicidad oficial pasó de 2 mil millones, inicialmente aprobados, a casi 8 mil millones de pesos.

“No he visto ningún compromiso sobre este tema, lo que hemos visto es que hay una especie de pacto entre las distintas fuerzas políticas para que esto se mantenga en la opacidad”, argumentó Silva-Herzog Márquez.

El analista y académico indicó que la discrecionalidad con la que se maneja el gasto público evita que se puedan atender problemas urgentes del País, como la seguridad pública.

“No tenemos la capacidad de mover el barco para que atienda las prioridades urgentes del País y dedicar, por ejemplo, los recursos indispensables a las policías profesionales, a la seguridad pública, a la procuración y administración de justicia, etcétera”, precisó.

Núñez, integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y autor del libro “¿Y dónde quedó la bolita?”, coincidió en que los tres principales candidatos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, no han mostrado interés en proponer cómo combatir la discrecionalidad del gasto y la asignación de fondos por parte de Hacienda.

Detalló que, por ejemplo, el propio Meade fue titular de esa dependencia federal.

“No está en el interés de ninguno de ellos modificarlo porque todos quieren aprovecharse de este mecanismo, a quién no le gustaría llegar a la Secretaría de Hacienda para hacer lo que quieran con el presupuesto”, expresó.

“Sistemáticamente, el Gobierno gasta más de lo que dice que va a gastar; por ejemplo, en el último año, que es 2016, la cuenta pública que tenemos, el Gobierno gastó poco más de 613 mil millones de pesos de los presupuestados, 600 mil millones de pesos es casi tres veces el presupuesto de la SEP”.

Al presentar en la FIL “¿Y dónde quedó la bolita?”, obra que aborda la discrecionalidad del presupuesto, tanto Núñez como Silva-Herzog Márquez coincidieron en que la ciudadanía, ante el desinterés de la clase política, debe exigir una mayor rendición de cuentas y vigilar el manejo del gasto de los gobiernos.

Fuente: Reforma