Harp anunció en essa reunión que en mayo pasado, desde la comisión que preside, se presentó una iniciativa para ampliar el Capítulo 11 de la Ley Federal del Trabajo, titulado “Trabajadores actores y músicos”, con el objetivo de ampliar la concepción de lo que se comprende en la ley como trabajadores de la cultura y no limitar los derechos y obligaciones a los roles artísticos mencionados en dicha ley.

“Las y los artistas de México enfrentan, después de la pandemia, un entorno laboral muy complejo, donde los trabajos en su mayoría son intermitentes, lo que deriva en una inseguridad social y vulnerabilidad económica. El 47% de las personas trabajadoras del arte no cuentan con afiliación de seguridad social ni servicios médicos”, comentó la legisladora a partir de un estudio realizado por la plataforma México Creativo en 2022. Por ello, indicó: “es importante considerar que la Ley Federal del Trabajo sólo contempla a actores y músicos”.

Por lo anterior, la iniciativa presentada por la propia Harp y el senador Alejandro Armenta Mier argumenta textualmente que la categoría de trabajadores actores y músicos “excluye a muchas personas que realizan actividades dentro del campo artístico y cultural” y que “en los términos previstos únicamente, se ampara a aquellas personas que trabajan dentro de una relación de naturaleza jurídica subordinada”.

Lo anterior, añaden los promoventes, contraviene los principios de progresividad de los derechos laborales en el país.

Cambio de nombre para incluir

Por todo lo anterior, la iniciativa –que ahora mismo está en instancia de revisión de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda, en la cámara alta– en primera instancia promueve la sustitución del título “Trabajadores actores y músicos” por el de “Personas trabajadoras de la cultura y el arte” y con ello propone sendas modificaciones a los artículos del 304 al 310 comprendientes a dicho capítulo.

Por ejemplo, en el artículo 309 se sugiere que “el salario podrá estipularse por unidad de obra o tiempo, para una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones, actuaciones, exposiciones, interpretaciones o ejecuciones”.

Asimismo, el artículo 10 de la iniciativa indica: “Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores actores, músicos o personas trabajadoras del arte en general lugares de trabajo adecuados para el ejercicio de sus actividades (…)”.

Queda poco tiempo y mucho por hacer

El anterior es solamente uno de los factores que habrán de considerarse como parte de un cambio integral y transversal para hacer posible una garantía de seguridad social generalizada para todas las personas involucradas en la cultura.

En la segunda mitad del 2022, la propia Cámara de Senadores remitió a la de Diputados una minuta con diversas modificaciones a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para ordenar a la Secretaría de Cultura federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el emprendimiento de acciones conjuntas “a fin de que los prestadores de servicios culturales de cualquier disciplina o actividad puedan optar por el esquema simplificado para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes o al Seguro de Salud para la Familia”.

De aprobarse en comisiones y luego someterse, en su caso, a votación en el pleno de la cámara alta, y de resultar favorable, esta nueva minuta deberá enviaría a San Lázaro para los procedimientos correspondientes.

Pero ésta es sólo una de las minutas e iniciativas en torno al quehacer cultural que deberán retomarse en septiembre próximo, con el arranque del periodo ordinario de sesiones. Es de señalar que en la Cámara de Diputados, durante la LXV legislatura, ha quedado congelada la gran mayoría de las minutas en distintas materias del campo. Muchas ni siquiera han pasado de la Comisión de Cultura y Cinematografía para someterse a votación del pleno. Son varias las que han sido frenadas desde dicha comisión y no se ha dado razón alguna para su freno. Algunas de ellas incluso fueron pertinentes durante los periodos más álgidos de la pandemia.

Queda prácticamente un año para la conclusión de esta legislatura y es una obligación de aquella comisión y de la Cámara de Diputados retomar y, ahora sí, impulsar varias iniciativas y minutas culturales en el pleno para que éstas finalmente se trasladen al poder Ejecutivo y se les dé cauce en el Diario Oficial de la Federación.

Se viene una reforma que tomará tiempo de revisión y discusión: el nuevo proyecto de Ley Federal de Cinematografía, el cual, según han comprometido las autoridades correspondientes, se deberá comenzar a discutir en septiembre. Mientras tanto, en San Lázaro van quedando menos excusas para no acelerar los pendientes en material cultural. El tiempo apremia y ya van tarde.

Otras iniciativas impulsadas por el Senado y su estatus:

• Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas – promulgada en el DOF en enero de 2022.
• Ley General de Bibliotecas – reformada en junio de 2021. Detalle: en julio pasado la SCJN falló en favor de la ley en materia de Depósito Legal y obliga a la entrega de los materiales correspondientes.
• Modificación a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en materia de formatos adaptativos y para la ampliación del precio único en libros – Detenida en San Lázaro.
• Cambios a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para erradicar estereotipos de género dentro de la política cultural – Detenida en San Lázaro.

Conozca a iniciativa en cuestión en el Senado: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-05-09-1/assets/documentos/Ini_Morena_Sen_Harp_Ref_Art_304_a_310_Ley_Fed_de_Trabajo_Actual_08_05_23.pdf

Fuente: El Economista