La tarde del martes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió sobre un incidente de inejecución de sentencia promovido por el diputado Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, y determinó (SUP-JDC-0896-2013-Inc1) que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no ha cumplido la sentencia emitida el 29 de mayo pasado (SUP-JDC-896/2013). Dicha sentencia insta a la Cámara de Diputados a convocar de inmediato a sesión extraordinaria para concluir el proceso de designación para suplir el puesto de Consejero del Instituto Federal Electoral, tras la renuncia anticipada de Sergio García Ramírez.

Tras la recepción de la nueva sentencia, que reitera la demanda de convocar inmediatamente a sesión extraordinaria para concluir el proceso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente elaboró un punto de acuerdo que, en pocas palabras, proponía dar cumplimiento a la sentencia  del TEPJF, exhortando a la Cámara de Diputados a convocar a sesión extraordinaria entre el 15 y el 19 de julio, la cual se celebraría con el único propósito de concluir el procedimiento para designar al Consejero faltante. Dicho proyecto fue rechazado por mayoría en el Pleno de la Permanente en la sesión del miércoles pasado, con 29 votos en contra de legisladores de PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza. Los tres votos de los legisladores del PT y Movimiento Ciudadano fueron dos a favor y uno en abstención. Al rechazar la resolución del TEPJF, el Congreso de la Unión desacata por segunda ocasión el mandato del Poder Judicial, vulnerando así los mecanismos de control constitucional y, con esto, el Estado de derecho de nuestro país.

Sin regatear la grave falta en que ha caído nuestro Poder Legislativo, resulta conveniente revisar el fondo político del asunto, los argumentos esgrimidos por los legisladores y sus contradicciones.

En el fondo, el conflicto está enmarcado en una situación política concreta: Con la discusión de las sanciones para PAN y PRD por rebasar los topes de campaña en la elección federal de 2012 en ciernes, contar con un Consejo General del IFE incompleto favorece a PAN y PRD. Un Consejo General incompleto posibilita empate en las votaciones, situación que entramparía la discusión sobre la imposición de multas para los partidos de oposición. De ahí la renuencia de estos dos partidos para desahogar la designación del Consejero faltante desde el inicio del proceso, en febrero pasado. La demora, en última instancia, tendría como fin aplazar la designación del Consejero a sustituir hasta octubre, cuando se designen a otros tres consejeros que dejarán su encargo. Por obvias razones, ésta situación jamás será aceptada públicamente por los partidos opositores.

Como parte de los argumentos públicos, los partidos de oposición han declarado que ninguno de los 46 candidatos propuestos inicialmente, y mucho menos ninguno de los siete finalistas conseguirán el consenso, pues su perfil no es el adecuado para ocupar el cargo, enfatizando los vínculos que tienen todos los candidatos con el partido presidencial. Todo lo anterior, pese a que diversos análisis, como el del observatorio ciudadano Designaciones Públicas desmientan categóricamente tal afirmación.

Adicionalmente, quienes se oponen a la realización de la sesión extraordinaria, han argumentado que la sentencia del TEPJF representa una invasión a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y un intento del Poder Judicial de someter a su par Legislativo, mostrando un grave desconocimiento de los mecanismos de control constitucional y de la propia legislación que fundamenta el fallo (artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Hasta aquí los argumentos vertidos por los legisladores de oposición para justificar el doble desacato a la sentencia. Pero aún hay más, la contradicción: el PRI, promovente del juicio ante el TEPJF del cual derivó la resolución que nos ocupa, también votó en contra de la ejecución de la misma: promovió el juicio, exhibiendo la mezquindad de PAN y PRD para cumplir con su obligación constitucional para designar al Consejero faltante; sin embargo, con la segunda sentencia favorable, el PRI vota en contra de darle cumplimiento ante el Pleno de la Permanente, evidenciando así, que la decisión, más que velar románticamente por los derechos de los mexicanos, obedece a un cálculo en el que todos los escenarios le favorecen.

¿Cuáles son los escenarios que podrían resolver la designación pendiente? Según nuestro pronóstico, estas son algunas opciones:

1. La salida judicial. De mantenerse los grupos parlamentarios en sus posiciones actuales, tal como parece que sucederá, y ante el incumplimiento reiterado de la sentencia que exige subsanar la omisión y designar a la brevedad al Consejero faltante, el TEPJF podría realizar la designación directamente. Al respecto, existen dos antecedentes a nivel estatal: Yucatán (SUP-JRC-440/2000) y Sonora (SUP-JRC-163/2012). En el primer caso, el Tribunal estatal designó directamente por sorteo, introduciendo el nombre de los candidatos en una urna y tomando uno al azar. En el caso de Sonora, el Tribunal ponderó los perfiles de los candidatos, considerando el criterio de idoneidad de los candidatos. Cabe señalar que ésta salida dependerá de la interlocución que mantengan los legisladores con sus pares en el Poder Judicial. Si la paciencia del Tribunal se agota, la designación será directa.

2. El consenso. En el mejor de los casos, los diputados podrían encontrar, de último momento, consenso para designar a alguno de los finalistas para ocupar el cargo vacante. Como una versión matizada de éste escenario, los diputados podrían convocar a la sesión extraordinaria a mediados de julio y al no encontrar consenso sobre los finalistas, abrir una nueva convocatoria, para elegir al Consejero entre otra lista de candidatos consensuado, antes de octubre, en un caso similar a lo que ocurrió cuando se designó a los consejeros Marván, Córdova y García Ramírez en 2011.

3. La desidia. En caso de que el Congreso no encuentre consenso y continúe el desacato del mandato del TEPJF, pero éste último no tome acciones para subsanar la omisión, el proceso podría, finalmente, empatarse con la designación de los otros tres consejeros que dejarán su encargo en octubre próximo, tal como es la intención de PAN y PRD. Ésta alternativa probaría primero, el control político que sobre el máximo órgano electoral ejercen los partidos políticos por medio del Congreso y, segundo, que el juicio promovido por legisladores priistas sólo fue parte de un estratagema de negociación, atada a otros asuntos – probablemente reformas o temas electorales – que aún desconocemos.

Precisiones finales

Creemos que es bastante claro: el conflicto por la designación se mueve en dos arenas, la política y la judicial. Es necesario entender el fondo político del asunto, para comprender las connotaciones del conflicto. Sin embargo, en un Estado constitucional y de derecho, una vez adentrados en mecanismos de control constitucional, el cumplimiento de la sentencia no está sujeto a capricho del Congreso y debe ser acatada sin regateos. Fundamentalmente, lo que los legisladores han ignorado es que la Litis del asunto en cuestión es que los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos se vulneran cuando, por omisión,  el máximo órgano de decisión de la autoridad electoral se encuentra incompleto. Desde la sociedad civil, es indispensable conocer y presionar a nuestros representantes para evitar que se sitúen al margen de la legalidad.