Pareciera que se busca legitimar con cambios legales actos presuntamente delictivos, de modo que sean ya inatacables judicialmente.

La vorágine de atropellos, reformas legislativas que destruyen instituciones o las transforman ideológicamente, que entregan recursos adicionales a las Fuerzas Armadas sin ningún recato por las reglas, sólo da la impresión de que el presidente López Obrador y sus huestes perciben ya la necesidad inmediata de “avanzar en la transformación”. Es de tal grado el desaseo, la violación de los procesos, el desprecio por la discusión e intercambio parlamentario y mucho menos considerar la opinión de la sociedad, que pareciera que tienen una gran prisa por afianzar principios y normas que obedecen a los deseos del líder y que son arropadas irreflexivamente por su mayoría legislativa. Pareciera que el gobierno está más preocupado por desaparecer “cadáveres”, en lugar de dejarlos en el clóset por aquella posibilidad que en algún momento se les llame a cuentas. Pareciera que se busca legitimar con cambios legales actos presuntamente delictivos, de modo que sean ya inatacables judicialmente.

Muchos de estos cambios van a enfrentar demandas de acciones de inconstitucionalidad por violación a los procesos legislativos en unos casos, y por otras violaciones a la Constitución en otros casos. Pero mientras eso ocurre va a pasar tiempo, y esos cambios legislativos serán válidos y tendrán implicaciones que en muchos casos serán muy serias.

Por ejemplo, la aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que destruye al Conacyt, de no modificarse en el futuro, tendrá gravísimas consecuencias para la investigación, el desarrollo de la ciencia y la innovación en México. Esta reforma, por ejemplo, legitima la destrucción del CIDE y descoloca la colaboración de instituciones de educación particulares y de la iniciativa privada en los procesos de investigación e innovación.

La Cámara de Diputados también aprobó reformas para facilitar la venta de bienes públicos, quitando a la Secretaría de la Función Pública la facultad de vigilarlas y supervisarlas. Ello sólo abre todavía más el camino a la corrupción y a validar atropellos ya cometidos. Nuevamente aquí parece que llevan prisa por quitar candados para operar como les dé la gana y suprimir actos hoy considerados delitos para que ya no lo sean.

La cancelación de Financiera Rural, además de dejar desamparados a miles de trabajadores del campo, parece también que obedece a la necesidad imperiosa de desaparecer cualquier evidencia de corrupción y malos manejos de los que ya se ha hablado de esa institución.

La supresión del Insabi no sólo es muestra fehaciente del fracaso de la política de salud, sino que de paso pareciera intentar que olvidemos lo que le sucedió al fondo multimillonario que tenía el Seguro Popular. ¿Dónde quedó el dinero? ¿Para qué se usó? Lo que menos pareciera importarle al gobierno es la prestación de los servicios de salud, ahora transferidos al IMSS-Bienestar, el cual no cuenta con los medios para ni siquiera atender medianamente las necesidades de salud de la población que lo requiere. También está encaminado al fracaso.

Resultan especialmente significativas las reformas relacionadas con las Fuerzas Armadas, que parecen tener prisa en acumular todavía más poder sobre el civil, arrebatándole más dinero, más atribuciones y control sobre la vida de los ciudadanos. Los militares tienen prisa en que se les asigne más dinero para el futuro, en que se les otorguen más instrumentos de control y vigilancia sobre la vida ciudadana. No importa la evidencia de la corrupción del secretario Luis Cresencio Sandoval, no importa el espionaje que ha llevado a cabo en contra de ciudadanos desde un Centro de Inteligencia propio (y dirigido por su hijo), no importa su incompetencia y vocación antidemocrática que ha hecho patente una y otra vez. ¿Cómo obtienen las Fuerzas Armadas más y más poder? ¿Por qué se lo cede el presidente López Obrador? ¿Qué le saben los militares?

El gobierno tiene prisa de “afianzar la transformación” sin importarle la gente ni el país. De ahí sus atropellos. Se les acaba el tiempo.

Fuente: El Financiero