En el marco de la conformación de las propuestas de leyes generales de Transparencia, Datos Personales y Archivos, el director de la Oficina para México y Centro América de Artículo 19, Darío Ramírez Salazar, advirtió que desde febrero de este año “se perdió un batalla” en materia de acceso a la información, ya que se permitió que la Consejería Jurídica pueda impugnar las resoluciones del IFAI.

A esto se suma el hecho de que las autoridades, obligadas al acceso a la información hacen uso excesivo de la reserva por seguridad nacional. Por ejemplo, dijo, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

“Las autoridades incluyendo la PGR dicen el acceso a las averiguaciones previas de la masacre de 72 migrantes no se pueden dar por seguridad nacional”, advirtió durante las mesas de trabajo que se realizan para elaboración de las propuestas de leyes antes mencionadas.

“La Seguridad Nacional existe y debe ser protegida. El punto central es si la nueva Ley General tiene los candados suficientes para que los Gobiernos no abusen de esta clasificación. La autoridad debe justificar y dar suficientes razones al ciudadano para afirmar que, de revelarse esa información, otra vez, puede impactar negativamente”.

Explicó que La Ley en la materia es ambigua e inexacta “cuando, por ejemplo, no dan contratos, cuando no dan nombres, cuando no dan mapas de riesgo por el tema de Seguridad Nacional. Es decir, la aplicación de la ley cae en el criterio de la autoridad que esté resguardando esa información”…

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