Las nuevas facultades que la Constitución confirió al Instituto Nacional Electoral (INE) para la fiscalización de partidos, campañas locales y federales, le obligarán a revisar unos 220 mil informes de gastos de campaña de precandidatos y candidatos de todos los niveles de elección, carga de trabajo que aún no se define cómo será enfrentada.
Tan sólo una revisión selectiva de 5 % del total de sujetos de fiscalización obligaría a solicitar “no menos de 18 mil oficios” anuales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a revisar unas 900 mil operaciones bancarias, según la Unidad de Fiscalización del ahora extinto IFE.
Actualmente, la Unidad de Fiscalización (UF) cuenta con 220 funcionarios, encabezados por su director general, Alfredo Cristalinas, apoyado en auditores, abogados y personal administrativo.
Por ahora no se ha determinado cuál será la adscripción de la Unidad de Fiscalización, que hoy goza de autonomía y capacidad de gestión, aunque depende del Consejo General del INE.
Hay varias propuestas para la UF, una de ellas menciona que algunas de sus tareas podrían ser asumidas por la Comisión de Fiscalización, integrada por consejeros del INE.
En el documento Impactos de la reforma constitucional en materia de fiscalización a partidos políticos y candidatos, la UF propuso cambios legales para dar viabilidad al nuevo modelo de fiscalización, que además de aumentar el volumen de trabajo requerirá de precisiones técnicas para ejercer a plenitud la revisión nacional ordenada por el Poder Legislativo…
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