Esta tarde, el pleno del Senado de la República, aprobó, en lo general, la reforma constitucional en materia de transparencia.
El dictamen fue avalado por 88 votos a favor y seis en contra, de senadores del PT y Movimiento Ciudadano. Luego de los posicionamientos y las votaciones, el dictamen fue aprobado, además de que se apeló al artículo 72 Fracción E de la Constitución, por lo que sólo se regresan a la Cámara de Diputados, los artículos modificados, y los demás, se dan por aprobados.
Al inicio de la discusión, los presidentes de cada una de las comisiones integrantes de las Comisiones Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Transparencia y Anticorrupción argumentaron el dictamen, entre el que se modificó la redacción al artículo 105 fracción L.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, se refirió a las aportaciones de esta reforma, y explicó que “identifica como sujetos obligados no sólo a autoridades gubernamentales, sino también a sindicatos, empresas y partidos políticos, o entes que reciban recursos públicos”.
Asimismo, señaló que se han dado las herramientas para evitar la designación de los consejeros de manera tradicional a como se ha realizado hasta la actualidad en el IFE. Con esto, “se establecen mecanismos y candados para evitar la discrecionalidad”, expresó Encinas.
El senador Fernando Torres Graciano asegura que la reforma permitirá a los ciudadanos acceder a las herramientas en materia de transparencia, que les permitirá conocer el trabajo y el uso de los recursos del gobierno que ha elegido.
Por su parte, la senadora Arely Gómez González enfatizó que con la participación de diferentes sectores de la sociedad se ha alcanzado la reforma para conformar las bases de la rendición de cuentas no solo de entidades gubernamentales, sino también de los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y todo ente público, moral o físico que reciba recursos.
En este sentido, mencionó que se habría de emitir una ley federal que establezca la homogeneización de los archivos a nivel federal para que sea un derecho de todos los ciudadanos en el territorio nacional. De igual forma, dio cuenta que la reforma establece los principios de máxima publicidad, certeza, autonomía y transparencia en toda acción de los sujetos obligados y al modernizar al organismo garante se establece una nueva fórmula para elegir a sus consejeros, con lo cual se estará dotando de transparencia a esa acción de las decisiones y trabajos de los consejeros del nuevo instituto autónomo constitucional.
