Después de la iniciativa presentada por algunos diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Fernando Belaunzarán, con el apoyo de otros legisladores, incluida una diputada del PAN, ha presentado en la Cámara de Diputados otro proyecto, esta vez en el ámbito federal, para, por una parte, establecer el valor terapéutico de la mariguana en la Ley General de Salud y facultar a las entidades federativas para el control sanitario del cultivo de la cannabis, mientras que por otra parte pretende reformar la tabla establecida en la legislación aprobada en tiempos de Calderón para aumentar las cantidades de posesión de drogas consideradas como destinadas al consumo personal.

En 2009, como parte del paquete de reformas legales referentes al narcomenudeo, con las cuáles se les dio facultades a las autoridades locales para perseguir los delitos relacionados con el comercio de drogas al detalle, se fijaron en la Ley General de Salud las cantidades máximas de diversas drogas que puede portar una persona sin que se ejerza acción penal contra ella en caso de ser detenida. La reforma no permitió la posesión legal de drogas; lo que estableció es que si alguien lleva encima ciertas porciones y en determinadas circunstancias no debe ser procesado penalmente. Sin embargo, las cantidades fijadas en la tabla resultan poco realistas, pues son demasiado bajas y si un usuario es sorprendido con una cuantía mayor, la acción penal no se detiene y puede ser condenado hasta a tres años de prisión si las circunstancias del hecho no permiten considerar que las sustancias serían destinadas a la comercialización o suministro a terceros. Es decir, un consumidor de mariguana que en lugar de llevar encima cinco gramos de cannabis lleve seis, aunque no tenga intención alguna de venderla o regalarla, se enfrenta a un proceso penal con pena de cárcel.

Cuando aquellas reformas fueron aprobadas, más en el extranjero que aquí, se dijo que en México se había despenalizado el consumo de drogas, aunque en verdad el consumo como tal nunca estuvo realmente penado, a diferencia de lo que ocurre en otros países, sobre todo en los Estados Unidos donde los consumidores sí son perseguidos en varios estados y pueblan las cárceles por millares, sobre todo los jóvenes negros y de origen hispano. La idea de la tabla era reducir la discrecionalidad de los jueces, quienes eran hasta entonces los que decidían si procesaban o no al poseedor de sustancias ilícitas. Sin embargo, lo bajo de las cantidades establecidas llevó a que aumentara la extorsión sobre los consumidores que no pueden ser considerados traficantes y, en algunos casos, a condenas desproporcionadas de usuarios de drogas detenidos en posesión de porciones superiores a las toleradas.

La iniciativa de Belaunzarán, coincidente con la impulsada por Mario Delgado en el Senado, pretende que de manera auténtica se deje de considerar a los consumidores de drogas como delincuentes y que en cambio, en caso de ser problemáticos o adictos, se les provea de atención sanitaria efectiva. De lo que se trata es de fijar cantidades más aproximadas a la realidad del consumo de drogas. En el caso de la mariguana, por ejemplo, propone elevar la posesión tolerada a 30 gramos, aproximación métrica a la onza del sistema inglés de medidas, una cantidad habitual de abastecimiento; en el caso de la cocaína hoy la tabla establece como máximo tolerado medio gramo, la mitad apenas de la dosis más frecuente.

En las condiciones actuales la despenalización del consumo resulta ficticia y sigue convirtiendo a los usuarios de drogas en blanco del abuso policial y judicial. Además no son raros los casos en los que la policía les siembra más drogas a los detenidos para poder amenazarlos con la consignación por posesión simple y con ello lograr una mordida jugosa. Desde luego que en los casos en los que el proceso penal se sigue y los consumidores llegan a la cárcel, el castigo resulta totalmente exagerado para un delito sin otra víctima que el propio procesado.

Entre todos los males provocados por la prohibición de las drogas, uno de los más graves es el causado a los consumidores, a quienes se ha despojado de derechos y se les ha sometido a abusos y a penas que en lugar de contribuir a la protección de su salud frecuentemente acaban agravando sus problemas después de pasar por las cárceles. La política pública de drogas debe cambiar para enfrentar el tema desde una perspectiva sanitaria, que busque proteger a la población de los consumos peligrosos a través de la prevención basada en información bien orientada y balanceada y de la atención de las adicciones con una perspectiva médica. El castigo a los usuarios de drogas no sólo no sirve para reducir la demanda de sustancias peligrosas, sino que agudiza el impacto social de la prohibición sobre la parte más débil de la cadena del mercado.

Frente al evidente fracaso del enfoque prohibicionista, una despenalización efectiva de los consumidores sería un paso muy importante en la dirección hacia una política de drogas más eficaz y realista, no represiva sino preventiva.

Fuente: Sin Embargo