Hace un año sosteníamos en este mismo espacio la importancia de contar con un Plan Nacional Anticorrupción en México, como instrumento rector que fije los temas de relevancia nacional en el combate a la corrupción, la metodología que habrá de emplearse, las instancias participantes, los tiempos esperados y la necesaria evaluación de dicho Plan. [1]
Al respecto, en días recientes, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., dieron a conocer -respectivamente- propuestas de Política Nacional Anticorrupción para nuestro país.
Ambos documentos son de crucial relevancia en los tiempos que transcurren, en los que se ha identificado a la corrupción como unos de los males que más afectan las esferas económicas, sociales y políticas en México. Las estadísticas y las encuestas nacionales e internacionales recientes, que miden la percepción de corrupción en nuestra sociedad así lo demuestran; año tras año se advierte una tendencia negativa en el combate a este flagelo que, si bien no es exclusivo de la función pública, sí se advierte de manera preponderante como una práctica común en el ámbito gubernamental.
Las dos propuestas constituyen una buena noticia en términos de los insumos que se requieren al seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para el óptimo desempeño de sus funciones. Debemos recordar que, según lo dispone el artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el citado Comité Coordinador tiene la facultad de aprobar, diseñar y promover la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica, sus ajustes y modificaciones.
En ese contexto, la presentación de ambas propuestas contribuirá a la conformación de la hoja de ruta o guía sobre la cual habrá de constituirse la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción.
Pero no sólo eso, del contenido de ambas propuestas se deduce que no únicamente buscan desincentivar y castigar la corrupción, sino también mejorar el servicio público mexicano, profesionalizar a sus integrantes, deshacerse de trámites innecesarios y, en suma, contar con una administración pública más honesta, ágil y eficaz.
La propuesta de Política Nacional Anticorrupción presentada por la Secretaría de la Función Pública hace un recorrido por los fundamentos teóricos de los conceptos “corrupción” y “políticas públicas”, así como una revisión histórica de los esfuerzos que ha emprendido el gobierno mexicano en el combate a la corrupción.[2]
Asimismo, nos muestra un diagnóstico preliminar de la corrupción en México, identifica sus causas y formula objetivos, características y la estructura que -a su consideración- debe tener la Política Nacional Anticorrupción.
Finalmente, como aporte importante, el documento de la Secretaría de la Función Pública precisa los objetivos, estrategias y líneas de acción que podría seguir la Política Nacional en la materia y reconoce que, para ser eficaz, dependerá “de su correcta implementación, así como del diseño de un esquema integral de evaluación que permita medir, reforzar y ajustar los cursos de acción”.
A su vez, el documento denominado “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública (Documento preliminar, versión ejecutiva)” de la Red por la Rendición de Cuentas,[3] constituye una propuesta que pretende ser integral y que tiene por objetivo “lograr que en todos los niveles de gobierno se adopten estrategias claras para atender el problema de la corrupción.”
La propuesta de la Red atiende a un trabajo conjunto, multidisciplinario, con académicos, integrantes de organizaciones sociales y servidores públicos, lo cual la dota de una mirada plural y accesible. En el documento se analiza -al igual que en la propuesta de la Secretaría de la Función Pública- el concepto metodológico de la corrupción y se identifican los errores frecuentes en el diseño de políticas en la materia.
Con esta propuesta, se busca transitar de un régimen de “captura” de puestos, presupuestos, decisiones y el aparato de justicia, a un modelo más universalista, donde el interés privado se proteja pero no vulnere la autonomía del Estado.
Los ejes los que guían la propuesta de la Red son los siguientes:
- Eje 1. Profesionalización y generación de capacidades.
- Eje 2. Fincamiento de responsabilidades.
- Eje 3. Corrupción de ventanilla: puntos de contacto.
- Eje 4. Corrupción en “redes”.
- Eje transversal. Participación ciudadana.
De acuerdo a lo establecido en esta propuesta, los ejes tienen por objetivo atender, al menos, los problemas de mayor importancia en el momento inicial del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de cuatro fases: Prevención, detección/recomendación, corrección y sanción.
De lo expuesto, puede advertirse que el diseño de la Política Nacional Anticorrupción ha cobrado un papel trascendente en la vida pública. Los contenidos de ambas propuestas son discutibles y todavía se pueden mejorar; desde nuestra óptica, hay aspectos que se encuentran en un nivel amplio y general, que será preciso detallar o precisar para hacerlas operativas y medibles (por tanto perfeccionables).
No obstante el comentario anterior, también en nuestra opinión, las dos propuestas se complementan en virtud de que abarcan aspectos muy trascendentes de la función pública y hacen énfasis en generar un contexto de probidad y eficacia.
Al tenor de las ideas antes plasmadas, nos parece que si bien la ruta de aprobación de la Política Nacional Anticorrupción (con estas y otras propuestas) corresponderá al Comité Coordinador, no obstante, el hecho de que hoy en día ya se cuente con un Presidente de la República electo, conlleva la necesidad de conocer también su postura y propuestas (más puntuales, precisas y técnicas que las señaladas en los denominados “50 puntos para el plan de austeridad y combate a la corrupción”) ante el reto de diseñar e implementar medidas y acciones en contra de esta problemática.
A la sociedad civil y a la academia nos corresponde informarnos y participar en el debate de la Política Nacional Anticorrupción, ya que vivir en democracia significa colaborar y contribuir decididamente en los problemas públicos de nuestro país.
[1] http://rendiciondecuentas.org.mx/la-importancia-de-contar-con-un-plan-nacional-anticorrupcion-en-mexico/
[2] http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/PNA-UVSNA-1-1.pdf
[3] http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/PNA-17062018_Versi%C3%B3n-Final-1.pdf
