El pasado 23 de junio, se instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que en su marco de actuación instituye la transversalidad orgánica para el desarrollo de los procesos y operatividad integral sistémica.
Su implementación se dará en todas las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órganos constitucionales autónomos, partidos políticos y sindicatos, así como por las personas físicas o morales que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Este Consejo lo conforman el INAI, los Organismos garantes de la transparencia de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Organismos que identificaron tres retos inmediatos que hay que enfrentar para propiciar la edificación de una nueva generación de políticas públicas.
Como punto de partida, reconocen que este arreglo institucional está en construcción y plantean en primer lugar, se aprueben la legislación pendiente en materia de archivos, de protección a datos personales, así como las 32 leyes locales, por lo que demandaron el compromiso de las Cámaras Federales y Locales, así como la de los Gobiernos Estatales.
Como segunda tarea plantearon la necesidad de articular el Sistema de Transparencia con el de Anticorrupción, cuya instrumentación coordinada requiere la aprobación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En este contexto, la nueva visión política que impera en términos de transparencia y rendición de cuentas en el país, deberá afrontar los resabios que aún persisten; los precarios niveles de confianza social en las instituciones; el déficit de gobernanza; y las anomias en la probidad del comportamiento de servidores públicos, que han generado corrupción, impunidad y la erosión del Estado de Derecho.
En consecuencia, la transparencia como atributo de la administración del Estado articulada a su eficiencia y eficacia, constituye el tercer reto en la “Institucionalidad de la Probidad Pública”. Esto demanda coordinación, cooperación y congruencia para avanzar en la definición de criterios que garanticen la atención homogénea del derecho de acceso a la información pública; implementar lineamientos, procedimientos, indicadores y metas; así como, formar y capacitar a servidores públicos de ambos sistemas para fortalecer la interoperatividad institucional.
Las patologías organizacionales, evidencian la urgente necesidad de reestructurar la administración del Estado para enfrentar la complejidad de los problemas nacionales y subnacionales; la insuficiente Interoperatividad e interoperabilidad del aparato público; la fragmentación, dispersión e inconexión de estructuras jurídico-administrativas; y el anquilosamiento, disfunción y crisis del modelo burocrático vigente.
Esta circunstancia política, ha sido enfrentada por la ciudadanía a través de una defensa social del Estado, que edificada en un activismo de transparencia activa, demanda aperturar las estructuras institucionales para facilitar el acceso a la información, procedimientos administrativos, presupuestos, auditoría social, y desde luego, de todos los asuntos de interés público, para garantizar la visibilidad “Institucional de la probidad pública”; como esencia de un Gobierno Abierto cuya gobernanza se fortalece desde la participación ciudadana corresponsable.
El Sistema Nacional de Transparencia debe ser dimensionado como producto de una conquista ciudadana, que mandata al Estado la rendición de cuentas, la evaluación y la sistematización de la probidad institucional para fortalecer y asegurar la transversalidad de los paradigmas del desarrollo humano en las acciones gubernamentales.
En este escenario, el Presidente Peña Nieto advirtió que los alcances del Sistema tienen un objetivo claro: “…transparentar todas las estructuras y actos de autoridad para fortalecer la rendición de cuentas en nuestro país…Esto significa que el quehacer público estará bajo el escrutinio de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, pero sobre todo, habrá de realizarse de cara a los mexicanos…Se establecerá así una relación más cercana y directa entre ciudadanos y autoridades, dando un renovado impulso a la democracia participativa”.
En esta visión es necesario rescatar el enfoque de transversalidad del desarrollo humano, para que impere en la nueva composición orgánica de las estructuras institucionales, donde corresponde a las entidades federativas, la responsabilidad de “…garantizar el acceso a la información como derecho humano, asegurar la prevalencia del principio de máxima publicidad en la aplicación e interpretación de la ley, garantizar la plena autonomía de los organismos garantes locales para que sean especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica y de gestión…”, señalamiento acertado del Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur.
En este sentido, el Sistema Nacional de Trasparencia debe generar condiciones de proximidad social; hacer partícipes a los ciudadanos de sus acciones; evitar convertirse en un nudo ciego o en una estructura paralela al poder del pueblo; responder a las legítimas demandas de apertura institucional; a la corresponsabilidad ciudadana en las acciones del Estado; y a consolidar la reivindicación a que tiene derecho el tejido social, de hacer que su voz sea ejercicio de gobierno.
La exclusión ciudadana de la institucionalidad no es admisible, como tampoco lo es que la administración pública esté secuestrada por intereses sectarios o de grupo. La transparencia se edifica en el integracionismo ciudadano corresponsable. No es una prerrogativa de la clase política al tejido social, sino la expresión arquetípica del quehacer del Estado.
Es un despropósito que debemos combatir querer edificar la historia del Estado en la negación del interés público. Debemos construir una política de transparencia activa, cuyos impactos sociales garanticen la apertura, monitoreo y evaluación ciudadana de las tareas públicas. El ejercicio de gobierno tiene su génesis en la construcción de la “voz del nosotros”, nunca en el paralelismo gubernamental, que oprime la razón de Estado: el pueblo.
Agenda
- Debemos condenar el maltrato a los animales, pero no debemos olvidar la condena irrenunciable hacia la pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, tortura y violación a derechos humanos, entre otras calamidades de nuestros tiempos.
- En Pleno, la SCJN analiza la constitucionalidad de la reforma educativa. Validó la destitución de maestros después de tres evaluaciones no acreditadas. Asimismo, sentó jurisprudencia sobre el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio.
- Se presentó el Diagnóstico de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo, con la participación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Destaca la necesidad de replantear metas y acciones en favor de este sector.
- Muchas felicidades al periódico El Sol de Hidalgo con motivo de cumplir 66 años de informar responsablemente a la sociedad hidalguense, y un sincero reconocimiento al trabajo de su Director General Don Carlos Sevilla Solórzano.
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